La estrategia Antonio Costa contra Pedro Sánchez

Tengo que empezar esta columna diciendo que el juez Manuel Garcia Castellón nunca jamás ha prevaricado y que ninguna de sus actuaciones está manchada por la sospecha de que en su actuación judicial haya otras motivaciones distintas a las de perseguir las actividades ilícitas. Nunca lo diría, porque si dijera lo contrario, si se me ocurriera decir que en la actuación del juez García Castellón se enmascara una motivación política es posible que acabara encausado por los mismos jueces que protegen que otros jueces actúen eludiendo su mandato constitucional. Y los jueces en España no hacen eso, los jueces en España no incumplen la ley, ni vulneran la Constitución permaneciendo de manera fraudulenta en un Consejo General del Poder Judicial, ni incumplen la ley que les impide hacer manifestaciones políticas, en España los jueces no hacen nada de eso y por lo tanto yo no lo voy a decir.

Este será un artículo literario, de ficción, una distopía basada en mi imaginación que no incluye ninguna valoración sobre la existencia de una casta judicial que usa su poder para intervenir en política de manera antidemocrática. Ni ha pasado nada que puede parecerse ni se le parecerá. En España nadie prevarica ni usa la justicia con motivaciones políticas. No inventen. En un mundo imaginario llamado España Pedro Sánchez tendrá que mirar hacia Portugal esta legislatura y cuidarse de no ser el próximo Antonio Costa. En ese mundo distópico irreal que no tiene nada que ver con la actuación judicial en España el presidente del Gobierno tiene que cuidarse de que su nombre no sea confundido con un tal Pepo Sánchez que esté inmerso en un caso de corrupción y que su nombre aparezca en unas grabaciones con unos narcos que buscan hacer negocio con una recalificación de terrenos para la construcción de molinos de viento. Esto es ficción, ahora la realidad.

En las últimas fechas se han presentado dos querellas por prevaricación contra el CGPJ y contra el juez Manuel García Castellón. Solo he podido estudiar una porque en Podemos no me han contestado para facilitarme la querella como sí han hecho desde Sumar. Pero ambas querellas son necesarias para dirimir la indecente actuación de jueces e instituciones que acostumbrados a actuar con impunidad creen que su palabra es ley y por lo tanto es esta la que tiene que adecuarse a su palabra y no al revés. La politización de la justicia y la judicialización de la política ha sido buscada siempre por aquellos que saben que tienen favores políticos que cobrarse en la justicia. En eso la derecha es imbatible. Es su campo de batalla. Por eso es una locura jugar esa partida en la izquierda a pesar de que no tengan otra posibilidad a la espera de que la causa caiga en uno de los jueces decentes que aún quedan.

Antonio Costa ha sido tumbado por una investigación judicial que ha quedado en entredicho por los errores de la fiscalía al confundir al ministro de economía, Antonino Costa, con el presidente Antonio Costa. La decisión de la dimisión del líder de los socialistas portugueses y la convocatoria de elecciones ya está hecho, no tiene marcha atrás, y eso es una muestra del poder que tiene la judicatura para lograr objetivos políticos con actuaciones judiciales sin necesidad de condenar. Ese es el objetivo que buscaba el juez Manuel García Castellón cuando elevó al Tribunal Supremo la causa contra Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno. No pretendía una condena que sabía que no iba a producirse, sino crear un escándalo político con su imputación que le obligara a dimitir. Estoy convencido de que el ejemplo de Antonio Costa ha sido apuntado y estudiado en la judicatura de ese país imaginario llamado España para intentar llevarlo a cabo cómo venganza por la aparición de ese término llamado lawfare en el acuerdo del PSOE y Junts que nunca jamás se ha dado en la España real. Que Pedro Sánchez se tiente la ropa y mire a Lisboa. Porque los jueces ya tienen su modelo.