Todo está en Bourdieu
El juez Peinado como mayor activo electoral del PSOE
"La reacción no se está dando cuenta de que han ido demasiado lejos buscando delitos donde nunca los ha habido y ha generado con la persecución a Begoña Gómez la coartada perfecta para argumentar que toda causa contra el Gobierno no tiene nada de justicia y sí mucho de operación política".
No puedo decir que el juez Peinado prevarica porque eso implicaría que me demandaría y me condenarían, pero sí puedo decir que en un país en el que la justicia funcione de manera ordinaria y con el principio de que la justicia es igual para todos el juez Peinado solo podría acabar el proceso contra Begoña Gómez encausado bajo la acusación de haber prevaricado y apartado de la carrera judicial. El delirio constante de sus actuaciones dirigidas siempre a generar el mayor coste político al PSOE y al Gobierno se convertirán en un boomerang que de forma paradójica convierta al juez Peinado en el mayor activo electoral para el PSOE. Nadie puede negar la existencia de lawfare en España contra el Gobierno con un especimen judicial como el hijo de la concejala del PP.
Los policías andan escandalizados, hoy, porque el juez Peinado ha argumentado para defender que existe riesgo de fuga de la esposa del presidente del Gobierno que la escolta policial puede ayudarle a fugarse bien por decisión propia o por estar sujetos a una relación jerárquica con el esposo de la encausada. Ahora que una de las excrecencias del juez afectan a la credibilidad del cuerpo nacional de Policía saltan los sindicatos escandalizados como si hubiera hecho algo diferente a lo que el juez lleva haciendo en cada auto y en cada resolución.
El juez Peinado actúa con una motivación política evidente vinculada a su ideología y sus filias familiares y personales. No es difícil encontrarse en la Adrada a quien vea al juez compartir cafés y tertulias con insignes miembros del Partido Popular sin esconderse demasiado porque sabe que tiene a toda la judicatura defendiendo, como si fuera su causa, la actuación del infame Peinado. Lo hacen porque llegados a este punto cortarle las alas es dar la razón a todos lo que llevamos diciendo desde el principio que la segunda parte de la Causa General contra la dominación roja del ínclito juez de instrucción es un proceso que solo podría darse en una seudodemocracia que no controla los desmanes de uno de los poderes del Estado.
La instrucción del juez Peinado ya no puede finalizarse sin el juez a pesar de que Peinado estire la cuerda cada vez más. No hay que desdeñar que esta causa comenzó justo después de que se supiera que el novio de Ayuso había defraudado más de 800.000 euros a hacienda, como quedó reconocido por su abogado para llegar a un acuerdo. El escarmiento que la judicatura y los resortes del estado profundo quiso dar al presidente se les ha ido de las manos y ha empañado los casos de corrupción que sí ha habido en el seno del Gobierno y que sí tienen indicios de criminalidad con los de José Luis Ábalos o los del expresidente Zapatero en una fase más embrionaria pero tremendamente preocupante.
La reacción no se está dando cuenta de que han ido demasiado lejos buscando delitos donde nunca los ha habido y ha generado con la persecución a Begoña Gómez la coartada perfecta para argumentar que toda causa contra el Gobierno no tiene nada de justicia y sí mucho de operación política. No es así, cada causa debe evaluarse en su contexto o con sus hechos, pero el juez Peinado es el ejemplo paradigmático de lo que se entiende como lawfare y le costará caro a la derecha. El salvapatrias togado es la última esperanza para repetir el Gobierno de coalición.
Llegará el día en el que sepamos mucho más del contubernio de La Adrada en La Generala y entendamos con mayor claridad lo que existe tras la causa contra Begoña Gómez. Hasta entonces podemos ceñirnos a hechos muy claros con la lógica peinada. El juez Peinado es padre de una concejal dependiente jerárquicamente de Isabel Díaz Ayuso, y como dice el juez en su auto al respecto de la policía nacional, esa dependencia jerárquica es motivo para sospechar que las actuaciones no están sujetas al deber profesional y se ceñirían a los intereses políticos de la adversaria política de Pedro Sánchez. Argumentar de esa manera sabemos todos.