Un novio amoral y Ayuso partícipe a título lucrativo

Una de las grandes falacias difundidas por parte de los defensores serviles de la presidenta en el panorama político y mediático tiene que ver con la intromisión de la vida privada de Isabel Díaz Ayuso que supone fiscalizarla por los delitos y actuaciones amorales cometidos por su pareja. Pero la falacia se deshace como un azucarillo cuando se centran las preguntas en la actuación pública de la presidenta de la comunidad. No hay que fijarse en lo que hace Alberto González Amador más que como elemento de análisis para contextualizar lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso. No solo es preceptivo hacerse algunas preguntas sobre el comportamiento de la presidenta de la comunidad en su relación con el fruto patrimonial del delito fiscal de su pareja, sino sobre su comportamiento público con las actuaciones de su pareja actuando como portavoz y abogada defensora de sus actuaciones delictivas. Pero además, no es precisamente Ayuso un ejemplo de servidora pública que no haya usado la vida privada de los ciudadanos para hacer política inmiscuyéndose en lo más íntimo de cada madrileño y, sobre todo, de cada madrileña.

¿Pueden los políticos meterse en la vida privada de los individuos sin que su vida privada se convierta en debate público? Ayuso nunca ha sido liberal. Ha sido aquello que le venía bien en cada momento para medrar y sacar ventaja política. Ayuso es una moralista que exige para los demás lo que no se aplica. La vida privada de los individuos es un motivo de disputa política para Ayuso expresando que hay que dejar que todos hagan lo que quieran pero posicionándose en contra del aborto como una avance porque tenemos valores cristianos. La pregunta que habría que hacerse es si se aplica ese baremo político a su vida privada o ese análisis y posicionamiento de poder solo lo hace con las vidas de los demás. Es decir, si sigue los valores cristianos Isabel Díaz Ayuso viviendo en concubinato con su pareja en un piso fruto del delito contra la hacienda pública.

Gente que respeto tiene dudas para compartir por qué Ayuso tiene que dimitir por el escándalo delictivo de su pareja. La respuesta está en explicar cuál tiene que ser la ejemplaridad que otorgamos al mayor responsable de la Comunidad de Madrid, a quien está al cargo de la gestión de nuestros presupuestos, a responderse si es aceptable que quien nos gobierna viva en una propiedad fruto del delito. Partícipe a título lucrativo. Esas cuatro palabras se recordarán mucho tiempo en la historia de España porque fue lo que condenó al PP en la trama Gürtel. Todos aquellos que tienen dudas en encontrar cuál es la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso en los delitos de su pareja encontrarán, si la pregunta que se hace es sincera, la respuesta en esta figura penal que marca la responsabilidad política de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que le muestra el camino de la dimisión como única salida aceptable.

Alguien que es partícipe a título lucrativo es aquella persona que sin haber cometido el delito se ha beneficiado sin saberlo de los efectos del mismo. Para ser partícipe a título lucrativo hay que enriquecerse sin saberlo de forma injusta con el fruto del delito. Es decir, como podría considerarse vivir en un piso de un millón de euros que se la logrado con dos delitos fiscales reconocidos sin saber que el patrimonio que Isabel Díaz Ayuso es fruto de los efectos de un fraude a la hacienda pública. No hace falta que creamos a la lideresa y asumamos que no lo sabía, que es mucho asumir, pero sin saberlo tiene una responsabilidad política que debe afrontar con su dimisión. El artículo 122 del código penal especifica que quien por título lucrativo hubiere participado en los efectos de un delito está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. En efectos políticos esto obligaría a la presidenta de la comunidad de Madrid a abandonar el casoplón en el que reside con su pareja y a la que está defendiendo con uñas y dientes aun sabiendo que ya ha confesado la comisión de dos delitos fiscales.

No estamos hablando de responsabilidad penal, sino política. Esa que en el PP se niegan de manera sistemática a asumir mientras exigen a sus adversarios políticos que sean esclavos de ese sintagma sin acercarse de manera mínima al escándalo que tiene arrinconada a Isabel Díaz Ayuso. Hay cosas que ya sabemos y que muestran de manera rotunda que Isabel Díaz Ayuso se está lucrando con el delito fiscal de su pareja. El precio de un alquiler de un piso como el que la lideresa disfruta en el barrio de Chamberí supera la capacidad adquisitiva del sueldo público que tiene asignado. Es decir, solo puede vivir con el lujo del que ahora disfruta porque su pareja adquirió una vivienda después de haberse embolsado dos millones de euros en comisiones con mascarillas y haber defraudado a hacienda 350.000 euros mientras ya eran pareja. Porque el fraude fiscal se cometió mientras ya eran pareja que es cuando su Alberto González Amador consideró que era buena idea mandar al fisco una serie de facturas falsas para deducirse unos gastos que nunca tuvo.

Pero existen otras respuestas que aún no hemos logrado y que pueden elevar la responsabilidad política de Ayuso a un nuevo nivel y que tienen que ver con la segunda vivienda de la que disfruta y que está justo encima del piso de lujo de su pareja. Cualquier lector inteligente entiende que no es nada habitual que se pueda disfrutar de un ático de lujo a nombre de una sociedad del abogado que le lleva a la pareja de la presidenta los asuntos relacionados con su investigación fiscal. Isabel Díaz Ayuso tiene que responder cómo es posible que disfrute de ese patrimonio, ¿a cambio de qué? ¿Paga alquiler? ¿Cómo es posible que el abogado de su pareja adquiera un inmueble justo encima para uso y disfrute de Isabel Díaz Ayuso?

Todas las respuestas a esas preguntas son tan sucias y turbias que no permitirían margen de maniobra a los propagandistas para defender que el escándalo de la pareja de Ayuso se circunscribe a la responsabilidad de un jeta amoral que se dedicaba a intentar trilar a países del tercer mundo con el precio de las vacunas para acabar defraudando a todos los españoles con facturas falsas. Pero la catadura moral de la pareja de Ayuso solo le tiene que importar a su novia, a mí me importa la de la presidenta, que no tiene ningún complejo en disfrutar de un patrimonio logrado con el expolio del dinero público que nos deja sin médicos en los centros de salud. El pecado político de Ayuso es ser partícipe a título lucrativo de dos delitos fiscales.