¿Puede una ministra de Educación de izquierdas llevar a sus hijos a la escuela privada?

Como todos los titulares con una interrogación la respuesta corta es no. Si la hacemos un poco más larga sería: no, no puede. Pero vamos a avanzar y argumentar de manera más profunda para explicar por qué un gobierno progresista no tiene que tener un titular en el ministerio de Educación que en su vida privada opte por la educación privada para el desarrollo de sus hijos. Vaya por delante que considero que una aspiración de la izquierda tendría que ser la derogación de todo tipo de estudios privados en primaria y secundaria para garantizar de forma efectiva la igualdad de oportunidades, ya que no existe mayor impulsor de la desigualdad de una sociedad que la coexistencia de un sistema privado y otro público. También las herencias, pero ese melón lo abrimos otro día. La educación es uno de los sectores que tendría que estar vedada al sector privado en sus etapas iniciales, del mismo modo que no está permitida la existencia de un ejército, ni policía privada.

No gastaré tiempo en expresar las diferencias entre esta posición y la crítica reaccionaria que exige voto de pobreza a la izquierda para poder tener conciencia social. No se trata de elegir en qué gastas el dinero logrado por la venta de tu fuerza de trabajo a la hora de comprar vivienda, un coche o ropa cuando no existe alternativa pública a estas actuaciones. La educación no es un producto de consumo, es un bien colectivo civilizatorio que tiene unas características específicas que precisan de la carencia de unos ciudadanos para que la elección por un centro privado tenga valor para otros. La existencia de la educación concertada-privada supone la mercantilización de la desigualdad. Ese es su producto a la venta.

Un negocio basado en mantener a los estratos sociales de mayor poder adquisitivo con privilegios frente a los que menos tienen. No es posible sostener desde un punto de vista progresista basado en el bien común la existencia de un sistema de educación que priorice con dinero pública un negocio que asegure una educación que trabaja de manera eficiente para perpetuar que haya menores que tengan mejores oportunidades solo porque sus progenitores tienen más dinero. La abolición total de la educación privada tiene que ser el objetivo de un futuro progresista, hasta llegar a esa arcadia la priorización de la educación pública frente a la privada tiene que ser dogma; en el discurso público, en la praxis y actuaciones y en la elección de una educación para los propios hijos.

No se puede ser progresista y defender la existencia de un sistema que garantiza que las desigualdades se hagan cada vez más profundas. La educación privada (llamaremos así a la concertada-privada) existe para asegurarse una distinción y que los hijos de quienes pagan por llevarles a esos colegios tengan mayores oportunidades y una ventaja con respecto a los que solo pueden permitirse la educación pública. Es su razón de existencia, no habría educación privada en un sistema donde la pública tuviera los recursos suficientes y una calidad superiores.

Cortita y al pie. La educación privada para ser apetecible necesita de una educación pública devaluada. Les sonará porque es la misma dinámica que existe cuando un ciudadano contrata un seguro de salud privado para sortear las interminables listas de espera para una prueba diagnóstica. Si no hubiera lista de espera no tendría seguro privado. Depauperar los servicios públicos es parte indispensable del negocio de la educación privada. Necesitan un espejo deforme que mostrar en sus folletos de publicidad para enseñar a los padres lo que lograrán pagando una educación que no conseguirán en la pública. Pero no solo eso, la devaluación de la educación pública garantiza que los hijos de la clase trabajadora tengan menos oportunidad de progresar y por lo tanto no sean competencia efectiva a la hora de pelear los mejores puestos de trabajo a los hijos de la burguesía. Boicotear el ascensor social es una exigencia de los lobbies privados de educación que las élites políticas aceptan sin problema porque les garantiza que sus hijos sean parte de esa cuota de acceso a las mejores posiciones sociales.

Pero si aún así un descendiente de clase trabajadora logra sortear todos los obstáculos que el sistema le pone existe el último, casi insalvable: los contactos. La posibilidad de enchufe. Las relaciones sociales, lo que Pierre Bourdieu llamaba capital social. Si la educación pública garantizara una educación de calidad excelsa independientemente de los ingresos y no existiera la educación privada no habría posibilidad de crear una élite que estudie junta en los mismos centros creando una red de contactos y relaciones que construye un techo de cristal para los que provienen de las capas más desfavorecidas. La coexistencia de la educación privada con la pública es la garantía absoluta de crear castas de dirigentes. Los etonistas en Inglaterra, los pilaristas en España, o enarcas en Francia son los ejemplos paradigmáticos de una manera de reproducción social que asegura que los grandes puestos de responsabilidad sean acaparados por una burguesía que no permitiría en ningún caso la democratización del acceso. Por todas estas razones no es compatible tener una titular de Educación con sus hijos en la educación privada, porque su elección personal arroja una percepción social incompatible con la necesidad de crear un sistema que garantice la igualdad de oportunidades. Porque el futuro de sus hijos depende de que otros no tengan acceso a sus mismos privilegios.