Purgar la Guardia Civil como urgencia democrática

La cúpula de la Guardia Civil en la actualidad es la resultante de la construcción nacionalista de un cuerpo militar surgido de la desconfianza de Franco y la depuración sistemática de sus miembros no afines. Tras el final de la Guerra Civil el dictador se propuso disolver la Guardia Civil y el cuerpo de Carabineros debido a la lealtad a la República de muchos de sus miembros, que imposibilitaron el rápido triunfo de la asonada en muchas ciudades importantes. A pesar de que la idea de la disolución del cuerpo fue apartada, la depuración fue radical mediante la Causa General, denuncias de compañeros o vecinos, la Ley de Responsabilidades Políticas o los Tribunales de Honor.

Una purga que acabó con hombres de honor leales a la legalidad democrática como José Aranguren Roldán, Antonio Escobar Huerta o Pedro Garrido Martínez. Esa depuración radical del cuerpo y la construcción de una institución represora no se democratizó con la muerte del dictador a la misma velocidad con la que se pervirtió. Los usos y costumbres antidemocráticos están todavía instaurados en lo más profundo de la cultura política de la cúpula militar de la Benemérita que es necesario afrontar con firmeza y sin temor.

La podredumbre democrática en la actitud de muchos de los miembros de la Guardia Civil estos días ha quedado en evidencia. El informe de la Guardia Civil elaborado por un capitán y un teniente del cuerpo mandado a la juez Carmen Rodríguez Medel es más propio de un juicio sumarísimo que busca inculpar a un enemigo político basándose en prejuicios que lo que se pediría a un cuerpo policial de un país democrático. El primero no fue un error, como ha confirmado el segundo informe que añade unas declaraciones obvias de Irene Montero el día 9M, fue un libelo de acusación propio de una justicia medieval sin ningún respeto a la libertad y a la democracia.

Lo que está haciendo la cúpula de la Guardia Civil se parece más a un golpe blando que a una investigación judicial de un Estado de derecho. Recuerden a Lula. Es obligación del Gobierno tomar cartas en el asunto y actuar con precisión quirúrgica y mano de hierro para acabar con los desmanes de muchos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que manchan el nombre de las instituciones.

El cese de Diego Pérez de los Cobos está plenamente justificado solo por su actitud desastrosa en octubre de 2017 en Cataluña. Algo que el Gobierno tuvo que haber hecho nada más llegar al poder. La conveniencia de su destitución quedó patente cuando mandó a custodiar la casa del vicepresidente por el hostigamiento de individuos de extrema derecha a miembros del cuerpo cercanos a organizaciones sindicales próximas a VOX. Además de mandar a agentes de la Guardia Civil a recoger unas imágenes a un supermercado donde se había visto comprar a Pablo Iglesias sin que mediara ninguna intervención judicial. Hechos, por sí solos, suficientes para justificar su despido inmediato. Si no algo más.

La oposición ha recordado en el Congreso el cese de Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Guardia Civil al mando de la UCO, como un ejemplo antidemocrático de la limpia sistemática de Fernando Grande-Marlaska. Cuando el debate tendría que ser cómo un miembro de la Benemérita condenado por torturar al miembro de ETA Kepa Urra en 1997 pudo rehacer su carrera hasta llegar a cargos importantes de responsabilidad. Un juicio por torturas donde también estuvo encausado Diego Pérez de los Cobos y quedó absuelto por falta de pruebas.

La torpeza del ministro del Interior y, sobre todo, de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, dejando por escrito los motivos del cese de Pérez de los Cobos al dar vía libre a la interpretación de la ilegalidad de la petición de información que motiva el cese son razones más que suficientes para que dimita toda la cúpula del ministerio del Interior. Pero antes, antes de irse a casa, tienen que hacer tabula rasa en la cúpula de la Benemérita. Purgar la Guardia Civil es una urgencia democrática.