Solo sí es sí, una magnífica ley con una comunicación conspiranoica

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual es una magnífica ley. Una ley necesaria que dota de mayor protección a las mujeres y que garantiza que no se vuelvan a repetir hechos vergonzantes en actuaciones judiciales del pasado. Una ley no es mejor por tener penas más duras. Esa es la defensa que desde Igualdad tendrían que haber hecho de la que es una ley imprescindible y no cerrarse en el debate punitivista sobre la interpretación de penas en beneficio del reo. Pero parece que les han podido el orgullo y la soberbia. Hace solo unos días Irene Montero garantizó que no habría revisión de penas a la baja. Y el hecho se ha producido. El error político es evidente y puede perjudicar de manera grave a la acción en materia de igualdad de un ministerio que es referencia en avances de derechos desde el punto de vista progresista. El trabajo del ministerio de Irene Montero hasta el día de hoy era irreprochable, y no conviene mancharlo con estrategias de comunicación externas próximas al delirio que solo buscan encastillar a los convencidos. No es una actitud responsable para las leyes en avance de derechos que están por publicarse ni para las leyes de igualdad que ya han sido aprobadas.

Las buenas intenciones pueden provocar efectos contrarios a los pretendidos. Una víctima de agresión sexual se quejaba en televisión de que su agresor iba a beneficiarse de una reducción de dos años de pena y que no soportaba estar sufriendo de nuevo un proceso de revictimización. ¿También forma parte de una conspiración contra Irene Montero? Ese simple hecho debería servir para que se rebajara la soberbia con la que se están dirigiendo desde el Ministerio contra quienes defienden que esta ley produce efectos adversos y piden asumir los errores para revertirlos y que esto no vuelva a producirse. Hay algo más importante en política que una crisis y es cómo se reacciona a ella. En ese ámbito el desastre está siendo absoluto.

La estrategia de comunicación del Ministerio de Igualdad y de Podemos ha sido entrar en el debate como elefante en una cacharrería, acusando a todos aquellos que interpretan la ley de manera divergente y a los que opinan de manera contraria de machistas y participantes de un plan para atacar a Irene Montero. Habrá quien participe de esos actos, pero que se acuse de este proceder de manera generalizada a todas las personas que están revisando sentencias, con el acuerdo de la Fiscalía General del Estado, ha provocado que hasta la asociación progresista de Juezas y Jueces para la democracia, que es la asociación a la que pertenece Victoria Rosell, realizara un comunicado censurando las declaraciones de Irene Montero:

"Juezas y Jueces para la Democracia considera muy desafortunadas e inapropiadas las manifestaciones que desde el Ministerio de Igualdad se han llevado a cabo a propósito de la revisión de algunas condenas por delitos contra la libertad sexual. La reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica. Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como 'justicia machista' o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover".

La reacción de los miembros de Podemos a la interpretación que han hecho multitud de jueces no puede ser la de ver una urdimbre de conspiraciones del poder contra Irene Montero. Que tenemos un problema con el sesgo conservador de la judicatura es un hecho incontestable denunciado en multitud de ocasiones, pero no puede ser argumento para todo, incluso cuando las asociaciones progresistas de jueces y juezas están advirtiendo de que la interpretación de la ley para la reducción de condenas a favor del reo es tan legítima como la que dicta que las penas se mantengan como están. Esa divergencia de interpretación es la que el gobierno tendría que haber evitado si de verdad cree que existe un sesgo machista en la judicatura. ¿Cómo se defiende creer que todos los jueces son machistas y no blindar mediante la ley que no se pueda interpretar la ley con ese proceder?.

En el momento de la aprobación de la ley ya se planteó el debate sobre si su puesta en práctica implicaría una reducción de condenas. Hubo quien consideró que la ley no implicaría esta rebaja cuando la pena impuesta se mantuviera en el rango de la horquilla de las nuevas penas, al tiempo que hubo quien advirtió de que era posible que la ley implicara esa reducción de condenas. Julia Clavero, de ABA abogados, en declaraciones a TVE así lo indicaba: "la ley bien podría haber recogido una Disposición Transitoria explicando cómo afecta la modificación a los casos ya juzgados y firme […] deja abierta la posibilidad de revisión, siendo el resultado incierto en los casos de revisiones a la baja de las condenas que no indiquen en su fundamento una pena mínima".

No puede ser que al hecho incontestable de que en aplicación de la nueva ley se estén produciendo reducciones de condenas a agresores y violadores la reacción sea insultar a todos los que reaccionan con estupor o opinan de manera divergente a las posiciones del ministerio de Igualdad. Asistir al espectáculo de que de manera recurrente cada opinión contraria sea vista como una conspiración de enemigos y traidores solo sirve para consolidar un cada vez más reducido grupo de seguidores fanatizados, pero no va a cambiar el hecho de que existan reducciones de condenas a agresores y violadores con la afectación que eso supone para las víctimas y para la imagen del propio ministerio de Igualdad y del ejecutivo.

Una cosa ha de quedar clara: la responsabilidad de que esta ley pueda tener una brecha por la que se cuelen reducciones de condenas no es de Irene Montero en exclusiva, es colegiada, tiene tanta responsabilidad Pedro Sánchez como el ministerio de Justicia del PSOE, que realizó multitud de enmiendas en su momento y no consideró que la inclusión de una disposición transitoria que no dejara espacio a la interpretación fuera necesaria.