Vacunación forzosa para los egoístas

España puede estar orgullosa de su estrategia de vacunación y de la eficiencia de los servidores públicos de sanidad a pesar de lo baqueteados que están por las políticas de quien no cree en la sanidad pública y universal. España no se ha visto aún en la encrucijada de tener que decidir si toma medidas de carácter coercitivo para la vacunación porque no tiene un problema con los negacionistas. En nuestro país son marginales y no llegan al 4% de la población, aunque sumados al 14% de población menor de 14 años ya ponen en riesgo alcanzar cotas de vacunación por encima del 80%. Antes de tomar una decisión tan severa que tendría que contar con el aval judicial de los tribunales de lo contencioso-administrativo habría que valorar antes la necesidad de adoptar incentivos o restricciones para aquellos que no estén vacunados y solo valorarlo en el caso de que la inmunidad colectiva necesaria no se pudiera lograr y pusiera en riesgo al resto de la población. Esta es la clave, valorar si la negativa a vacunarse implica un riesgo hacia la propia integridad o también hacia la del resto de ciudadanos. La valoración del riesgo en la salud a terceros es algo que debe dirimir la ciencia, pero si así fuera, si la decisión libre pero egoísta de una minoría de individuos pusiera en riesgo al colectivo, la vacunación obligatoria tendría que ser una posibilidad real y efectiva. La libertad de acción no es un bien absoluto cuando compromete lo común.

Los liberales e individualistas que ponen por encima de cualquier otra consideración la decisión en libertad del ciudadano para limitar la capacidad de decisión del Estado y la importancia de las medidas para la defensa de la salud pública circunscriben el debate al tema jurídico como si este fuera unívoco y el único a tener en consideración obviando una parte fundamental de la vida pública; la ética y la política. Si solo hubiera que atender cuál es el marco legal preexistente a la hora de debatir la necesidad de una medida no habría debate público reformista posible, en ese inmovilismo habita una trampa para eliminar el debate y mantener una posición política determinada. Pero además, ni siquiera en el tema jurídico existe una interpretación incontestable que imposibilite la vacunación obligatoria ya que existe base para defender desde el punto de vista legal dicha posibilidad basándose en la necesidad de garantizar la salud pública y el bien colectivo superior.

Ya existe jurisprudencia en este país al respecto. Un juez de Granada dirimió la discusión entre el derecho a la integridad física y la salud pública, se hizo en el caso de un brote de sarampión y el juez obligó a la vacunación forzosa de 35 menores argumentando que existía la base legal, argumentación y proporcionalidad exigida por el Tribunal Constitucional. La protección de la salud pública es una competencia constitucional del ejecutivo según el artículo 43.2 de la Constitución, y la legislación en materia de sanidad como la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública establece una articulación bastante genérica que podría servir de base para establecer la obligatoriedad de las vacunas si fuera una necesidad para la protección del bien común. La ley del paciente en su artículo 9 también establece que la autonomía del individuo a la hora de dar su consentimiento a una actuación médica sobre su propio cuerpo está supeditada a necesidades de salud pública.

La bioética es una parte fundamental del desarrollo civilizatorio. También tiene mucho que decir y ya se pronunció en el pasado sobre la posibilidad de obligar a la vacunación. De hecho el comité de bioética de España especificó que la vacunación obligatoria tiene armazón legal en el contexto de presencia de una epidemia: "Tendría que distinguirse entre los supuestos de vacunación obligatoria por presencia de una epidemia, es decir, de un riesgo concreto para la salud pública, de los supuestos en los que la vacuna se precisa para evitar, precisamente, el riesgo potencial de epidemia (vacunas del correspondiente calendario ordinario o brotes). Y aquí puede radicar precisamente el problema, ya que al amparo de la regulación de la vacunación obligatoria en nuestro ordenamiento cabrían dos interpretaciones, una más estricta, en virtud de la cual, como venimos señalando, sólo podría adoptarse una medida de vacunación obligatoria cuando concurra el supuesto habilitante de la epidemia".

Pero no solo la ley tiene que ser la que se maneje a la hora de expresar la opinión sobre el modo en el que nos socializamos, porque la divergencia entre el egoísmo del individuo y la afectación de su comportamiento en el colectivo es la base de la civilización. Ese es precisamente el equilibrio que nos permite convivir en sociedad, la renuncia a ciertos comportamientos que pueden ser lesivos para lo común.

El debate sobre la vacunación obligatoria implica una concepción política sobre la importancia de lo común y el individuo en la sociedad. Aquellos que consideran que solo importa su libre decisión aún cuando están comprometidos los derechos de terceros se negarán por sistema a cualquier medida que limite su libertad de decisión porque se rigen por principios anarcoliberales que reducen al colectivo y al Estado a un mero agente opresor. Los que consideran que el Estado debe tener un peso mayor en el nivel de intervención social en la defensa de los principios comunes que beneficien a la mayoría frente al egoísmo individual no pueden más que considerar la vacunación obligatoria como una herramienta más que tomar en caso de que fuera necesario. En España ahora no lo es, es posible que nunca lo sea, pero si lo fuera tendrían que ir desfilando ante una enfermera todos aquellos que creen que no va con ellos la protección de un bien común como la salud pública.