Crimen y elecciones

Acaba una eterna campaña electoral, en la que los políticos, a imagen y semejanza de los vendedores de crecepelo que recorrían el lejano oeste en sus caravanas, han ofertado sus promesas electorales por todo el país a los que les querían escuchar –cada vez menos-. Luego llegará la bofetada de realidad, los pactos, la ejecución de los programas… Pero eso es materia de otros moradores de El Muro de laSexta. A mí me concierne lo que hace referencia al mundo de la seguridad, el crimen, el terrorismo y las fuerzas de seguridad del Estado. Y esta vez ha habido unos cuantos cantos de sirena desde los partidos. La equiparación salarial para Policía y Guardia Civil –la aspiración de ganar el mismo dinero que las policías autonómicas-, que comenzó a materializarse con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha estado en las agendas electorales de todas las formaciones y Ciudadanos y Vox han hecho un esfuerzo extra para acercarse a los más de 120.000 votos que suman policías y guardias civiles, que reclaman no solo mejoras salariales, sino también más inversión en medios y mayor seguridad jurídica. Veremos si las promesas de unos y de otros cristalizan en medidas o se quedan en los cantos de sirena para pescar en el caladero de los uniformes. La equiparación salarial es el mínimo del que debe partir cualquier formación que alcance el Palacio de la Moncloa. Los agentes de Policía y Guardia Civil han visto desde hace decenios cómo se les ninguneaba en esa materia, al mismo tiempo que los políticos corrían a hacerse la fotografía que acompañaba a cualquier éxito policial. Borrar cualquier rastro en el cuerpo de la infame policía patriótica y eliminar la mancha extendida por el comisario Villarejo y los suyos será la primera tarea que tendrá que asumir el nuevo titular de Interior para devolver a la Policía el prestigio perdido. En la escala superior del Cuerpo hay banquillo de sobra, capaz de abrir las ventanas y dejar salir la podredumbre.

La seguridad ciudadana y el terrorismo no han estado demasiado presentes en la campaña electoral, salvo por las astracanadas de los líderes de Vox, dispuestos a importar a nuestro país la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, esa que garantiza el derecho a portar armas a los ciudadanos norteamericanos. El debate de la tenencia de armas en España es inexistente, quizás porque vivimos en uno de los países más seguros del mundo, con un bajísimo índice de delitos. Una vez depositados los votos en las urnas, nadie volverá a hablar de tener armas en casa, ni siquiera los diputados electos de la formación de Santiago Abascal, una vez pasado el subidón de verborrea común a todos los aspirantes mientras dura la campaña.

El terrorismo yihadista sigue siendo la principal amenaza para nuestro país, pero los programas electorales apenas le dedican espacio. El terrorismo de ETA –o más bien sus consecuencias- tiene una mayor presencia. Las víctimas de ETA, como bien dice Fernando Aramburu en 'Patria', molestan en este momento. Son esa gente que se encarga de recordar que en Euskadi no hubo un conflicto, sino que unos mataban y otros morían. Quizás por ello, algunos partidos –Vox y Ciudadanos- se han dado cuenta de la importancia de prohibir los homenajes públicos a etarras, esos vomitivos ongi etorris con los que son recibidos muchos asesinos de ETA al abandonar las cárceles, tras cumplir sus condenas.

Las víctimas han sido ancestralmente utilizadas por todas las formaciones políticas. El 11-M fue el mejor ejemplo de ello. Y en este escenario electoral de 2019 hay algo que me ha removido de una manera especial: la presencia de Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, una niña asesinada en Huelva en 2008, en las listas electorales del Partido Popular. Conozco a Cortés desde que un mal nacido llamado Santiago del Valle le arrebató a su hija. Él, como todas las víctimas, merecen el respeto de todos, también el de los partidos políticos, que siempre han tenido la tentación de usar a las víctimas mientras les sirven y tirarlas cuando ya no puedan sacarle más rédito.