Derechos

El único responsable de la muerte de Alex es su asesino, Javier Almeida. Vaya por delante esta afirmación con pinta de perogrullada, pero necesaria estos días en los que la búsqueda de responsables amenaza con superar hasta al insoportable dolor que conlleva el crimen de un niño. Dicho esto, el asesinato de Alex sí merece unas cuantas reflexiones. A saber:

Javier Almeida estaba en libertad condicional desde abril de 2020. Dos meses antes obtuvo el tercer grado. Había cumplido veintitrés de los veinticinco años que debía pasar en prisión por el asesinato y la agresión sexual de una mujer en 1998. Almeida cumplía los tres requisitos fijados por el Código Penal para acceder a la libertad condicional, que se concede a más de tres mil internos al año: haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, tener buena conducta y estar clasificado en tercer grado. La Fiscalía no se opuso a esta libertad condicional y desde el 8 de abril de 2020 Almeida era un hombre libre, salvo por unas mínimas medidas de control: acudir cada dos meses a una oficina de la cárcel de Logroño y comunicar su lugar de residencia y cualquier cambio del mismo.

Una mujer acudió al puesto de la Guardia Civil de Villamediana el 25 de octubre para contar que un hombre había intentado engañar a su hija para llevársela. La niña, de once años, describió al individuo como de estatura media, complexión normal, con el pelo gris y de unos 47 o 50 años. Los hechos ocurrieron, según la denuncia, en el número 8 de la calle Río Linares, en Lardero.

Tres días después, Javier Almeida, de 54 años, alto y de pelo gris, asesinó a Alex en el número 5 de la calle Río Linares, en Lardero.

Nadie comunicó a la Policía Local, ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional el lugar de residencia de Javier Almeida tras obtener la libertad condicional. Ninguna fuerza de seguridad sabía que vivía allí, porque se habrían vulnerado sus derechos. No se hace con ninguno de los más de tres mil presos que acceden cada año a la libertad condicional, sean cuales sean los delitos por los que hayan sido condenados, aunque sean de carácter sexual.

Nadie incumplió la ley: ni los que concedieron el tercer grado y la libertad condicional a Almeida; ni los que no facilitaron las fuerzas de seguridad su domicilio; ni los que recogieron la denuncia de la niña. Quizás el problema es que la ley garantice demasiados derechos a los victimarios y muy pocos a las víctimas.