Juristas y policías de Twitter

Antes de que sigan ustedes leyendo quiero hacerles una confesión, por si prefieren ahorrarse el resto del texto: no sé si la actuación policial de hace unos días en el madrileño barrio de Salamanca que acabó con el derribo de una puerta se ajusta a Derecho o no. No soy jurista, no he estudiado leyes y, por tanto, no puedo tener un juicio solvente sobre los hechos.

Como periodista, me he limitado a aportar las versiones de cada una de las partes en conflicto. El abogado Gonzalo Ospina, letrado de algunos de los detenidos, sostiene que la Policía vulneró la ley al reventar la puerta; desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid se argumenta que los agentes actuaron de forma legítima, ya que solicitaron en reiteradas ocasiones a los individuos que estaban dentro del piso que se identificasen y no lo hicieron, lo que les convirtió en autores de un flagrante delito, lo que justificaría la entrada en el domicilio. Además, señalaron desde las fuentes oficiales de la Policía que la vivienda en la que se irrumpió no era un domicilio, sino un piso turístico alquilado para montar una fiesta ilegal. La decisión del juez de guardia, que desestimó el habeas corpus solicitado por los detenidos, reforzó, según la Policía, la legitimidad de la actuación.

Hasta aquí lo ocurrido. Como ven, no me he posicionado porque ya les he advertido de que no tengo la menor idea de la legalidad o ilegalidad o no de la actuación policial. Lo que sí creo es que todos los ciudadanos tenemos que tener claro qué se puede y qué no se puede hacer. Pero, sobre todo, quienes deben saber en todo momento lo que es legal e ilegal son los encargados de velar por las leyes, las fuerzas de seguridad, y sospecho que desde el inicio de la pandemia han sido víctimas de una inseguridad jurídica de la que sólo son responsables sus mandos políticos. Cualquier intervención policial debe tener un respaldo jurídico sólido; no es suficiente con una circular que ahora vale y mañana ya no sirve. Antes de la pandemia, ese armazón legal estaba muy claro y se levantaba sobre la ley de enjuiciamiento criminal, el código penal y otros cuerpos legales algo más modestos, como la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. La irrupción del COVID llenó las actuaciones policiales de excepciones y, por tanto, de inseguridades, la peor de las situaciones posibles para alguien que debe decidir a veces en escasos segundos y cuya decisión puede tener una enorme trascendencia para él –policía– y para el ciudadano.

Sería mucho más provechoso para la convivencia y para el bienestar de todos que los políticos armasen jurídicamente a los garantes de la ley para no dejar espacios a la duda. Así nadie se creería que un par de días en Twitter convalidan un curso de Derecho o, lo que es peor, un aprobado en la oposición a la Policía Nacional. Yo jamás me pondría en las botas de un policía o en la toga de un magistrado. Ni siquiera en Twitter, donde parece que todo vale.