El secuestro del Congreso que no fue

Vox presume de acumular victorias en los tribunales. Todas contra el Gobierno de Sánchez. Esta semana la alegría se la ha vuelto a dar el Tribunal Constitucional. En un fallo, del que que no se conocen aún todos los detalles, ha sentenciado que algunas de las decisiones que tomó la mesa del Congreso durante el Estado de alarma deben anularse porque vulneraron el derecho de participación política de los diputados.

En concreto el Constitucional se refiere a la paralización de los plazos administrativos de la cámara baja. Aquel fatídico 14 de marzo, el país se paralizó y una mayoría de PSOE y Unidas Podemos, con el voto en contra de PP y VOX, decidió que había que parar el reloj de algunos de los trámites parlamentarios, como por ejemplo el plazo que tiene el Gobierno para contestar a las preguntas de los grupos o los plazos que afectaban a las iniciativas en tramitación. Todos los asuntos en marcha se congelaron. Esa decisión duró casi un mes, hasta el 13 de abril. Batet propuso levantar la suspensión después de mantenerla durante 18 días hábiles.

La Sentencia del Constitucional le sirve a Vox para hacer afirmaciones del tipo: "Batet tuvo secuestrado el Congreso" o "amordazaron a la oposición".

Todo comenzó el 10 de marzo de 2020, martes. Ese día el diputado de Vox, Ortega Smith, es diagnosticado positivo en Coronavirus. Él y sus compañeros deciden marcharse a casa por precaución y evitar posibles contagios y mandan una carta a la Presidenta del Congreso pidiéndole que, ante la ausencia del tercer grupo parlamentario de la cámara, suspenda las sesiones plenarias de los próximos días. Batet acepta la petición y anuncia que suspende las sesiones plenarias durante los próximos 15 días. Pero esa decisión no supuso el cierre del Congreso, ni mucho menos. Es cierto que la agenda prevista hasta ese día, tanto en pleno como en comisiones, se suspendió y los temas ajenos al COVID-19 pasaron a un segundo plano. Miles de personas morían cada día y, la verdad, entonces no parecía muy lógico destinar los esfuerzo a debatir sobre otros asuntos.

A pesar de la decisión de Batet, el pleno se mantuvo activo para las comparecencias de Pedro Sánchez y los debates sobre el Estado de alarma. Sin ir más lejos, la semana siguiente el Presidente del Gobierno explicó el por qué de una decisión tan extrema. A partir de ahí se produjeron comparecencias de Sánchez, prácticamente, cada 15 días. Dos en marzo, cuatro sesiones en cada uno de los meses de abril y mayo, nueve en junio y 6 en julio. Éste es uno de los argumentos de Presidencia del Congreso para defender sus decisiones. Y recuerda también Meritxell Batet que las diferentes comisiones se reunieron hasta en 80 ocasiones en ese periodo de sesiones. En ese tiempo, pasados los primeros 15 días, hubo también sesiones de control al Gobierno y convalidación de los Reales Decretos que salían con urgencia de Moncloa. Todo ello con el correspondiente debate.

A nadie se le pude escapar que en aquella época la lucha contra el coronavirus era no solo lo urgente, si no también necesaria. Y quizás no se hubiera entendido que nuestros diputados discurrieran sobre otros temas.

Aquellos fueron días muy difíciles para todos, también para sus señorías. El estado general era un estado de shock.

Aún así Batet, como Unidas Podemos y otros grupos de la izquierda parlamentaria, siguen manteniendo que se tomaron las mejores decisiones posibles dadas las circunstancias y que nunca tuvieron la sensación de que el Congreso estuviera secuestrado o amordazado.

El PP en esto se ha puesto del lado de Vox. Incluso felicitando a los de Santiago Abascal por presentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El 10 de marzo de 2020 Cayetana Álvarez de Toledo era la portavoz del grupo parlamentario popular. Ya entonces denunció el, a su juicio, atropello de Batet. Aseguró que "la democracia no se pone en cuarentena" y añadiendo que "los parlamentos no se cierran ni en sunna guerra".

El Constitucional no habla del cierre del Congreso en su sentencia porque lo cierto es que el Congreso nunca estuvo cerrado. Otra cosa es que el Tribunal considera que no deberían haberse paralizado los plazos administrativos. Pero es curioso, lo dice un organismo que hizo lo mismo. El Constitucional también mantuvo en suspenso sus plazos procesales y administrativos durante más tiempo que el Congreso, en concreto durante los 3 meses de excepcionalidad de Estado de Alarma.

Hay elementos que se instauraron en aquellos meses para poder mantener la actividad parlamentaria sin perjuicio de la salud y que a estas alturas siguen vigentes.

Por ejemplo, el voto telemático. Una opción que solo pueden usar los diputados y diputadas en caso de enfermedad o baja por maternidad y paternidad.

Lo curioso es que esto se siga manteniendo a pesar de que los aforos están desapareciendo de manera generalizada en casi todos los sitios.

Entiendo que sea más cómodo votar desde casa que acudir al hemiciclo a hacerlo pero Batet debería, después de la sentencia del Constitucional, proponer a la mesa del Congreso recuperar la normalidad cuanto antes y que sus señorías cumplan con sus obligaciones como lo hacemos el resto de trabajadores en nuestras empresas. Que por fin nuestro país tiene una incidencia acumulada por debajo de 50. Un riesgo bajo que debe dejar atrás prácticas propias de la urgencia.