Según 'La Razón'

Los candidatos de Bildu que pertenecieron a ETA deben al Estado más de 900.000 euros

Según informa 'La Razón', si estos candidatos obtuviesen un sueldo por sus nuevos cargos, el Estado podría reclamar unas cantidades que habían adelantado debido a la insolvencia alegada por muchos para indemnizar a las víctimas del terrorismo.

Los candidatos de Bildu condenados por pertenecer a ETA deben al Estado más de 900.000 euros. Es lo que publica este domingo el diario 'La Razón', que asegura que el Estado tuvo que hacerse cargo de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo ante la insolvencia de muchos de los condenados.

Si ahora percibieran un sueldo por desempeñar labores dentro de esas listas, el Estado podría reclamar esa cuantía. El abogado José María Fuster-Fabra explica que la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo dejaba "claramente establecido que lo que hacía el Estado era adelantar a las víctimas las indemnizaciones que se habían establecido en las sentencias por responsabilidad civil".

"Es el Estado el que debería reclamar a los delincuentes, en este caso condenados por terrorismo, las cantidades que había adelantado. En consecuencia, y en aplicación del artículo 1.911 del Código Civil, deben responder con todos sus bienes, presentes y futuros. Si estos individuos obtuvieran ahora emolumentos como consecuencia de su cargo, el Estado debería reclamar las cantidades", añade.

Por ejemplo, Agustín Muiños Díaz 'Tinín', número 6 en la lista a la Alcaldía de Legutiano (Álava), fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato de José Antonio Julián Bayano en 1983. En su caso, debe 10 millones de pesetas (60.101 euros) al Estado tras ser condenado en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

En el caso de Juan Ramón Rojo González, número 21 en la lista a la alcaldía de Irún y condenado a 30 años de prisión por el asesinato en la misma localidad de Francisco Gil Mendoza en 1991, su indemnización asciende hasta los 15 millones de pesetas (90.151 euros).

A Asier Uribarri Benito, número 4 en la lista para la alcaldía de Maruri-Jatabe y condenado a 16 años de prisión por su participación como cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández; y a su compañero Lander Maruri Basagoiti, suplente nº 2 de la lista para la alcaldía de Ciérvena, se les impuso una condena de 85 millones de pesetas (510.860 euros).

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