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De cara a los pactos post-12M

Todos los partidos menos PP y Cs se comprometen a no pactar con la ultraderecha de Vox y Aliança Catalana

PSC, ERC, CUP, Junts y Comuns Sumar suscriben un pacto por el que se comprometen a no aceptar los votos de la extrema derecha para formar gobierno y a impedir que entren, por ejemplo, en la Mesa del Parlament.

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Cordón sanitario a la ultraderecha a pocos días para las elecciones del 12M. Este miércoles, todos los partidos catalanes, a excepción del PP y Ciutadans, han firmado el compromiso de no pactar con Vox ni con Aliança Catalana. Un acuerdo por el que el PSC, Esquerra Republicana, Junts, la CUP y Comuns Sumar se comprometen a no aceptar sus votos para conformar un nuevo Govern y a aislar a ambas formaciones durante la próxima legislatura.

En concreto, los firmantes de este acuerdo de "unidad contra la extrema derecha" se comprometen a no aceptar "ni por acción ni por omisión" los "votos de ninguna formación de extrema derecha para conformar una eventual mayoría de investidura ni, evidentemente, de gobierno".

Igualmente, prometen establecer "los acuerdos necesarios para impedir la presencia de la extrema derecha en la Mesa del Parlament" y otros órganos de la cámara catalana, así como para evitar que la presentación de ponencias recaiga sobre diputados de estos partidos ultraderechistas.

También firman el compromiso de establecer los "acuerdos necesarios para evitar, siempre que sea posible, la presencia de las formaciones de extrema derecha en los nombramientos que el conjunto institucional de la Generalitat", incluyendo "la representación del Parlament en los foros que correspondan" y se refieren específicamente a los senadores de designación territorial.

Los partidos firmantes acuerdan asimismo no normalizar ni legitimar la acción política de formaciones de extrema derecha y, a tal efecto, no suscribir ninguna iniciativa parlamentaria conjunta con estas formaciones, así como evitar que prosperen sus iniciativas.

Finalmente, cada partido nombrará a un representante en una comisión de seguimiento para asegurar la aplicación del acuerdo, impulsado por la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), y así "limitar la capacidad de la extrema derecha de abusar de los espacios democráticos para fomentar el odio y minar la propia democracia".

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