La ley de amnistía pactada por PSOE y Junts cubrirá de 2012 a 2023 e incluirá "sanciones administrativas y contables"

La ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts abarcará desde 2012 hasta 2023. Así lo avanzaba este jueves el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y ha confirmado este viernes el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, en una entrevista en Al Rojo Vivo. También el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, ha apuntado al año 2012 como punto de partida de la norma en una entrevista con 'RAC1'.

Según ha explicado Bolaños, la ley de amnistía eximirá de responsabilidades a "todas las personas que tengan causa penal o contable vinculada al proceso soberanista". No obstante, ha insistido en que quiere "ser cauto con la ley" porque la tienen pactada, pero faltan "detalles". Preguntado sobre por qué abarca desde el año 2012 a 2023, el ministro ha detallado que en el 'procés' hay dos fechas clave: la consulta de 2014 y la de 2017. Pero, aclara, que estas no se celebraron de un día para otro, sino que "tuvieron una preparación previa, por eso, se cubre de 2012 a 2023".

En cuanto a si se incluirá a la familia Pujol, el socialista ha sido contundente: "Ningún caso de corrupción estará amparado por la ley de amnistía". Asimismo, ha defendido que hay que explicar bien el motivo de la ley ya que se ha vivido una "etapa" de sufrimiento y tensión en la sociedad que hay que superar. "Que España sepa que todas las fuerzas políticas hacen política dentro de la democracia", ha añadido.

"Causas penales, administrativas o contables"

Bolaños, que forma parte de la comisión negociadora del PSOE, ha precisado además en declaraciones en otra entrevista a la 'Cadena SER' que la idea es que la norma -que está "pactada" a falta de resolver "algún detalle técnico", según ha reconocido- "beneficie a todas las personas que tienen causas penales, administrativas o contables" vinculadas al 'procés'.

Preguntado acerca de si Laura Borràs podría resultar beneficiada por la amnistía, Bolaños ha aseverado que "la ley no está para beneficiar o para no beneficiar a ninguna persona": "Lo que sí dice es que han de ser causas vinculadas o relacionadas con el proceso soberanista. Es decir, lo que esté dentro del proceso soberanista será amnistiado y lo que esté fuera no lo será. Eso lo tiene que decidir un juez", ha zanjado.