La ley de amnistía afectará a 400 personas, 73 de ellas policías, y no menciona el 'lawfare'

Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Así llega al registro del Congreso, de manera urgente, la proposición de ley de amnistía para el procés. Un documento al que ha tenido acceso laSexta y que ya en su título, muy debatido entre los equipos negociadores, da la razón de ser de este documento: el "interés general" de España.

A largo de más de 20 páginas, la proposición de ley de amnistía defiende su fidelidad al marco constitucional, destacando la Constitución del 78 y la garantía de los derechos fundamentales. Es más, las referencias a la Constitución o a la constitucionalidad de esta ley se repiten a lo largo del documento en más de 50 ocasiones. "La Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino solo una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales, que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente a la que es propia de una ley orgánica de amnistía, al ser el indulto una prerrogativa del Poder Ejecutivo", detalla el texto.

Asimismo, se defienden tanto sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reconocen la viabilidad de la amnistía. Y referencias a países que la han aplicado a lo largo de su historia.

Amnistía para cerca de 400 personas, 73 de ellas policías

En uno de los puntos clave, el texto explica su alcance. "Amnistía los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017 (declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrero, y 114/2017, de 17 de octubre), que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012, año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023", recoge el textual. Se marca así un periodo amnistiable que abarcaría desde el 1 de enero de 2012 hasta el momento que se presenta.

"La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente Ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales", añade.

Así la ley se circunscribe al 'procés' y hace difícil, según los expertos consultados, enmarcar los casos de corrupción. "Todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional", insiste el documento, apelando al ordenamiento jurídico nacional y a los tratados internacionales firmados por España. "La amnistía se contempla en más de treinta acuerdos internacionales suscritos por España en materia de traslado de personas condenadas o extradiciones, teniendo más de veinte de ellos rango de tratado o convenio internacional, lo que implica una revisión previa sobre su plena constitucionalidad", señalan.

La ley de amnistía afectaría exactamente a 382 personas del independentismo y a 73 policías, según fuentes parlamentarias a laSexta. Y finalmente todo apunta a que se quedarían fuera de ella el abogado Gonzalo Boye, la presidenta de Junts, Laura Borràs o el clan Pujol. No queda tan claro si podrá afectar a una persona del círculo más cercano del expresidente Puigdemont como es el jefe de la oficina de Prensa, Josep Lluís Alay y el 'caso Voloh', la trama rusa en la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos para financiar los gastos de Puigdemont en Waterloo y pagar viajes a Moscú.

Un "camino valiente" hacia la "reconciliación" sin comprar el relato independentista

A lo largo del texto se defiende el espíritu de reconciliación puesto en valor también en público desde las filas socialistas para solucionar el conflicto catalán. "Esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo. Por tanto, esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento".

Aunque no compran el relato independentista de un Estado español opresor. "Hoy, en el año 2023, España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales". Tampoco se hace ninguna referencia al término 'lawfare' (judicialización de la política) que sí aparecía en el acuerdo entre PSOE y Junts.

Un texto que abre una nueva etapa en los "órganos judiciales, administrativos o contables determinados", que serán los encargados "con carácter preferente y urgente" de, caso a caso, decidir si se puede aplicar la amnistía "en el plazo máximo de dos meses" y aunque se podrán presentar recursos, no tendrán efectos suspensivos". Así, la amnistía dará lugar a la "extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable", expone el texto dejando fuera los delitos de terrorismo. En este nuevo camino, los amnistiados serán puestos en libertad si están en prisión y "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión" que correspondan, así como las medidas cautelares. También decaerán las multas, aunque no se reintegrarán las ya abonadas o existirá posibilidad de recibir cualquier tipo de indemnización. A los empleados públicos se les reintegrarán sus derechos y se limpiarán sus expedientes.

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