Las leyes del Gobierno que decaen por el adelanto electoral: violencia vicaria, ley de Asilo o menores y redes

El adelanto electoral anunciado para el 29 de noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deja en el aire multitud de normas de corte social planteadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, algunas de ellas ya en tramitación parlamentaria y que decaerán por la disolución de las Cortes Generales.

Concretamente, desde el Ministerio de Igualdad, caerá la Ley de Violencia Vicaria, que el 30 de septiembre pasaba su primer examen en el Congreso. La norma tipificaba como agravante de género este tipo de violencia, preveía la privación automática de la patria potestad de los padres condenados por maltrato y prohibía explícitamente a los condenados por violencia vicaria hablar sobre el crimen durante un tiempo de hasta 20 años.

Igualmente, no verá la luz la ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres humanos, pendiente de aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

El pasado mes de junio, la ministra Ana Redondo argumentó que la aprobación de la Directiva Europea de Trata obligaba a reformular el texto y que no quería hacer una "chapuza jurídica". También queda pendiente la ley para castigar las prácticas de conversión LGTBI, que ya había superado la tramitación en el Congreso y se encontraba actualmente en en el Senado.

Asimismo, la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto, que se encuentra en tramitación parlamentaria, tampoco saldrá adelante.

Mientras, desde el Ministerio de Derechos Sociales, decaerá la ley de Familias, varada en el Congreso y, además, la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) hará que no salga adelante una de las medidas más deseadas por Sumar: la prestación universal por crianza. Además, cuando el ministro Pablo Bustinduy asumió el cargo también hizo suya la aprobación de la ley de Servicios Sociales, que había impulsado su predecesora en la anterior legislatura, Ione Belarra, pero esta norma ni siquiera ha vuelto a pasar por el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Juventud e Infancia es uno de los impulsores de otra de las normas que no verá la luz, el proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que actualmente se encuentra en fase de ponencia en el Congreso, con el objetivo principal de restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

Además, se encuentra también pendiente la reforma de la ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en primera vuelta en mayo de este año, que establece la garantía de escucha al menor y el alejamiento de progenitores sobre los que pesen acusaciones de maltrato. Igualmente, la ministra Sira Rego avanzó en una entrevista con Europa Press que quería llevar al Consejo de Ministros tras este verano una Ley de familias acogedoras para favorecer la acogida y la adopción que ahora tampoco verá la luz.

En la misma situación queda la pretendida la ley de Juventud, de la que Rego aseguró que ya estaba negociando el borrador con el PSOE y en la que quería incluir el voto a partir de los 16 años.

España, pendiente de adaptarse al pacto europeo de migración y asilo

En materia de Extranjería, no verá la nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados por el Consejo de Ministros en primera vuelta para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

También en cuestión migratoria, aunque ha sido convalidado, hay un Decreto-Ley en materia de Extranjería que se están tramitando como proyecto de Ley en el Congreso. El adelanto En caso de adelanto electoral, quedará en vigor tal y como se publicó en el BOE al haber sido convalidado. Se trata de la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores no acompañados en caso de contingencia migratoria.

Además, el Ejecutivo estudiaba otro decreto para acelerar la tramitación de solicitudes de asilo en Ceuta, que permitiría entre otras cosas, prescindir de ACNUR en el examen de las solicitudes.

La nueva Ley del Cine repite como asignatura pendiente del Gobierno

La nueva Ley del Cine repite como la principal asignatura pendiente del Gobierno en materia cultural. La norma ya ha 'sobrevivido' al adelanto electoral de 2023, al cambio de ministro al frente del departamento de Cultura y a las dificultades parlamentarias.

Así, el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, superó un primer examen el pasado mes de junio en el Congreso, cuando se rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición en el debate en debate en el Pleno.

El texto llegaba así a la Cámara Baja tras una larga tramitación que se arrastra desde la pasada legislatura y que ha permanecido enquistada durante los últimos años por las dificultades parlamentarios.

Actualmente, la norma estaba en tramitación en el Congreso de los Diputados, en la fase de ponencia y Comisión de Cultura, donde se estaban debatiendo más de 463 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios para dar forma al texto definitivo, con el fin de remitirse posteriormente al Senado y continuar su recorrido parlamentario antes de su aprobación definitiva.

La aprobación de una nueva Ley del Cine ha sido una de las principales reivindicaciones de la industria cinematográfica y audiovisual durante los últimos años, especialmente tras la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que generó un fuerte rechazo entre parte del sector por la definición de productor independiente y el reparto de las obligaciones de financiación.

Sin avances en el uso de la IA en el sector cultural

Por otro lado, el pasado mes de septiembre el Gobierno sacó a información pública el anteproyecto de ley que regula el uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IA) en el ámbito del Estatuto del Artista con límites, como explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, impulsores de la norma en colaboración con el Ministerio de Cultura.

La norma, que no regula el uso de la IA con carácter general, recogía el artículo 13 del Estatuto del Artista que decayó tras el posicionamiento en contra del Consejo de Estado, algo que los sindicatos CCOO, UGT, UAA y Conarte criticaron por situar a los trabajadores del sector "en una posición claramente vulnerable".

Por ello, el Ministerio de Trabajo decidió elaborar un anteproyecto de ley orgánica -según las fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz- que sigue la recomendaciones del Consejo de Estado, que cuenta con los informes preceptivos y con el apoyo del sector cultural y artístico.

De esta forma, el anteproyecto de ley establecía unos usos de la inteligencia artificial generativa en el ámbito artístico que fueran compatibles con el mantenimiento de los derechos, la seguridad jurídica, la garantía de las condiciones de trabajo y el mantenimiento del empleo. También daba especial relevancia a la negociación colectiva y creaba una comisión de estudio sobre el impacto de la IA.

En concreto, se buscaba reconocer la posibilidad de realizar réplicas digitales (fakes, ultrasuplantación) y nuevos contenidos mediante IA generativa solo en el marco del contrato de trabajo, es decir, con consentimiento y retribución; y solo para la utilización en el desarrollo de la obra, tareas de explotación y publicidad de la misma. De esta forma, no se podría utilizar la imagen digitalizada de un actor o actriz para realizar una secuela o una segunda temporada, si el contrato es para una sola temporada.

Desde el departamento de Yolanda Díaz esperaban que fuera aprobado antes del final de la legislatura, algo que finalmente no ha ocurrido.

El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, el empeño de Aagesen que queda varado

El pasado 30 de septiembre la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, retomó la ronda de contactos con distintos grupos parlamentarios para avanzar en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Ahora, ese empeño queda varado con el anuncio de adelanto electoral.

Aunque ha habido pocos avances en el ámbito político, el Ejecutivo anunció en agosto que más de 250 organizaciones de ámbitos muy diversos de la sociedad -desde empresas a sindicatos, pasando por colegios profesionales, centros de investigación y organizaciones ecologistas, entre otros- se habían adherido al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

Además del anhelo de este gran pacto, el adelanto electoral deja en el aire otras normas en materia ambiental, como la modificación de la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que se encuentra en fase de tramitación del anteproyecto.

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