DESDE 49 EUROS AL MES
Un estudio realizado por la asociación ecologista Transporte y Medio Ambiente revela que el arrendamiento social de vehículos eléctricos puede ser la clave para aumentar su uso.
El arrendamiento social de coches eléctricos (VE) se vislumbra como la medida clave para los planes nacionales de clima de los países de la Unión Europea (UE), según señala un nuevo estudio realizado por la asociación ecologista Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés).
En concreto, dicho informe explica cómo las ayudas específicas pueden facilitar el acceso de los hogares con ingresos medios y bajos a los vehículos eléctricos, ya que sostiene que el alquiler social es una "medida ideal" para ayudar a los conductores de rentas medias y bajas, "que se verán más afectados por el probable aumento del precio del combustible vinculado al régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (RCDE2)".
De esta manera, la organización verde recomienda que los estados miembros de la UE incorporen el arrendamiento social en sus planes nacionales de clima y los financien con sus ingresos más amplios provenientes del RCDE2, argumentando que dichas medidas serán "claves para democratizar el mercado de eléctricos y acelerar el abandono de los combustibles fósiles".
En este sentido el documento indica que, aunque se espera que los VE alcancen la paridad de precios con los vehículos de combustión en el año 2028, se necesitan medidas específicas para hacer frente a la barrera de los precios más altos de los coches eléctricos y acelerar su adopción en las categorías de ingresos medios y bajos.
El análisis ejemplifica su teoría con el caso de Francia, que puso en marcha su programa de arrendamiento social en diciembre de 2023, ofreciendo vehículos eléctricos por entre 49 y 150 euros al mes, combinando subvenciones públicas con el arrendamiento para llegar a la mitad de la población con ingresos más bajos.
El programa, que está previsto que continúe en 2025 con ajustes para mejorar la eficiencia y la transparencia, registró una fuerte demanda, con más de 90.000 solicitudes y 50.000 aceptadas, duplicando las expectativas iniciales y siendo la mayoría de los beneficiarios más jóvenes y con ingresos más bajos que los típicos nuevos compradores de vehículos eléctricos.