CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Existiría una posibilidad con la introducción del concepto de daños a los bienes o al medioambiente.
El tráfico rodado, el procedente de la circulación de los diferentes vehículos, está considerado como la principal causa de contaminación acústica. Entre las soluciones que se barajan para hacer frente a este problema de salud aparecen los radares de ruido. Dispositivos que comienzan a imponerse como la fórmula para reducir la contaminación acústica de las ciudades: así son y así pueden llegar a nuestro país.
El país con el mayor índice de población del mundo expuesta a altos niveles de ruido es Japón. El segundo de la lista es España: unos nueve millones de españoles sufren niveles medios de más de 65 decibelios (dBA)… teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció, en 2018, que los niveles del tráfico rodado deberían estar por debajo de 53 decibelios durante el día y por debajo de 45 por la noche.
Un radar de ruido es un dispositivo que cuenta con un decibelímetro que sirve para medir la intensidad del sonido. Gracias a él puede conocer la procedencia del sonido para emitir la correspondiente sanción a quienes superen el nivel de decibelios establecidos por ley. La clave está en esa capacidad de identificación de los vehículos que generan más ruido del permitido.
El caso de España
A diferencia de lo que ocurre en otras partes de Europa, en nuestro país no existen radares de ruido específicos. No obstante, Tráfico ha encontrado una forma para adaptar los que están instalados en las diferentes vías para evitar los excesos de velocidad y, así, mejorar la seguridad de las carreteras. Una estrategia que se basa en combinar cinemómetros fijos con otros de tramo para asegurar que superan los máximos de la vía para que, de esta forma, generen menos ruido y se reduzca la contaminación acústica.
Por ahora, la Dirección General de Tráfico no parece tener intenciones de instalar radares de ruido específicos en las carreteras que son de su competencia… pero sí habría una manera de instalar estos sistemas. Esta fórmula llegaría de la mano de la nueva Ley de Tráfico, que introduce el concepto de daño a los bienes o al medioambiente.
Y aunque no establece sanciones al respecto, sí da los instrumentos para que instituciones como los ayuntamientos tengan la potestad necesaria para, en el ejercicio de su jurisdicción, instalar los medios de vigilancia que consideren necesarios así como estipular sanciones concretas para aquellos que no respetasen lo recogido en la nueva normativa.