SIN CAMBIOS EN LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
El Ministerio de Transportes sancionará a aquellas ciudades que no fomenten el transporte sostenible una vez se apruebe en el Consejo de Ministros la Ley de Movilidad Sostenible.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará durante el próximo mes de febrero el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Cabe destacar que este texto ya ha pasado por el Consejo de Ministros en otra ocasión, sin embargo este no se pudo refrendar debido al adelanto de las elecciones generales el pasado mes de julio. Con esta normativa, se incentivará a aquellas ciudades que prioricen una movilidad sostenibles y se penalizará a aquellas que no lo hagan.
La aprobación de esta ley entra dentro de una serie de medidas exigidas por Bruselas para poder recibir los fondos europeos, más concretamente de los Next Generation. Estas ayudas buscan acelerar la recuperación económica de los países del Viejo Continente siempre y cuando cumplan con los conceptos de transformación digital, transición económica, igualdad y cohesión social y territorial.
En primera instancia, estos fondos también exigieron a España la instalación de peajes a lo largo y ancho de las autopistas y autovías nacionales. No obstante, el Gobierno consiguió finalmente convencer a la Comisión Europea para evitar esta medida mediante una propuesta alternativa para lograr los objetivos impuestos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del transporte.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido durante un desayuno informativo su intención de que esta legislación introdujese medidas más duras pero que, por la complejidad parlamentaria actual, tienen que aprobarla antes del próximo 30 de diciembre de 2024 para poder acceder a la séptima entrega de fondos de la Unión Europea.
Uno de los cambios legislativos irá ligado a penalizar o incentivar a las ciudades en función de si cumplen o no con los proyectos de movilidad sostenible. Ante esta situación el ministro reconocía un serio problema ante la inexistencia de un sistema de sanciones en la Ley de Cambio Climático.
"En este momento hay un riesgo real de que esos fondos tengan que revertirse. Eso no es ninguna tontería. Devolver 2.500 millones sería un problema y si no cumplimos no recibiríamos más fondos", admitía Puente. Asimismo, el político apuntaba al fenómeno único en España, donde se está tratando de volver al uso habitual del coche en detrimento de los medios de transporte más sostenibles.
"Lo que vamos a hacer, ayudados en la Ley de Movilidad Sostenible, es dar estímulos y penalizaciones para que las ciudades hagan el cambio de modelo y no se resistan tanto", aseguraba el ministro de Transportes. En cuanto a las sanciones, Puente ha señalado directamente la pérdida de fondos mientras tiraba de ironía al admitir que algunos relacionan el uso del autobús con ser pobre.