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Los coches con etiqueta B podrían tener los años contados dada la evolución que van a padecer las ZBE.
Circular hoy en día con un vehículo sin ningún tipo de preocupación es casi propio de los vehículos con los distintivos menos contaminantes, es decir, las etiquetas ECO y CERO. Sin embargo, aún son muchos los españoles los que cuentan con un coche con etiqueta C o B, y estos últimos serán los siguientes en sufrir restricciones.
Y es que no debemos olvidar que fue el pasado 1 de enero cuando se instauró la obligación de contar con una Zona de Bajas Emisiones en aquellos municipios con más de 50.000 habitantes -opcional en los que tengan menos-. Es cierto que estas son competencia de cada ayuntamiento, así como las normas que cada una de estas ZBE implica, pero todas ellas están sujetas a experimentar cambios y evoluciones.
Así se recoge en el Real Decreto 1052/2022 del 27 de diciembre, concretamente en su artículo 10, epígrafe 4 que reza de la siguiente manera: “El proyecto de ZBE deberá revisarse, al menos, a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto.”
¿Qué implica esto? Que, por ley, las Zonas de Bajas Emisiones están obligadas a padecer una revisión y su consecuente evolución cada tres años. Esto se traduce en que, como muy tarde, será en 2026 cuando se esta primer estudio que podría derivar en una normativa más estricta.
Y aunque bien es cierto que estas seguirán siendo competencia de cada ayuntamiento, sus leyes serán más tajantes. Esto pasa por aplicar restricciones sobre el grupo de vehículos más contaminantes después de aquellos que no cumplen con las condiciones para recibir una pegatina medioambiental: los coches con etiqueta B.
Así, resulta muy probable que ciudades como Madrid o Barcelona, donde más en auge están las ZBE, se tome la decisión en 2026 de prohibir la entrada en el municipio a aquellos coches con etiqueta B que no estén empadronados, para más adelante prohibir por completo su entrada. Ahora bien, el resto de municipios podrán seguir decidiendo de manera independiente qué trabas se aplicarán sobre este tipo de vehículos.