EL 30% DE LOS FALLECIDOS EN CARRETERA SON MOTORISTAS
La Dirección General de Tráfico confirma la reintroducción de motos camufladas en las carreteras españolas. Con la llegada del buen tiempo muchos moteros vuelven a disfrutar de sus vehículos, por ello la DGT ha decidido apostar nuevamente por este método de vigilancia, que ya fue implementado en el año 2020
Se acerca el verano y con ello el número de motocicletas en nuestras carreteras prolifera de manera exponencial. Por ello, la DGT ha decidido incrementar las patrullas que controlan el comportamiento de los motoristas en carretera, pero de una manera algo peculiar.
Esta vez se utilizará motos camufladas, difíciles de distinguir del resto de vehículos y conducidas por agentes de la Guardia Civil de Tráfico, vestidos de paisano, herramienta que ha sido usada anteriormente y que ha sido efectiva en la reducción de accidentes graves.
Estos agentes solo se identifican al descender de sus vehículos, enfundándose un chaleco reflectante solo en el momento de intervenir ante una infracción. Entre los modelos que utilizarán destaca la Honda ST 1300 y la BMW R 1150 RT, que estarán patrullando sobre todo en carreteras gallegas como las PO-552, N-541 y PO-250.
El objetivo principal de estos controles será combatir la conducción temeraria los conductores, ya que las estadísticas son muy preocupantes. El año pasado, de 1.145 fallecimientos en accidentes de tráfico, el 343 fueron usuarios de este tipo de vehículos, y este año parece que sigue por el mismo camino.
Los agentes estarán especialmente activos en vías nacionales y en seis comunidades autónomas identificadas por registrar altas tasas de accidentes: Andalucía, Valencia, Galicia, Castilla y León, Baleares y Canarias.
El procedimiento de patrullaje no solo se limitará a la detección de infracciones menores, sino que también buscará comportamientos que puedan constituir un delito de conducción temeraria, tipificado como infracción muy grave y sancionado con multas de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet. Incluso las consecuencias pueden escalar hasta penas de prisión de entre 6 meses a 2 años, según el Código Penal, dependiendo de la gravedad de la infracción.