¿Cuál sería el impacto económico en el bolsillo de los conductores?
El ejecutivo en funciones sigue valorando como asegurar el mantenimiento de las vías de gran capacidad a través del cobro por el uso de las hasta ahora autovías gratuitas.
Pagar por autovías que en la actualidad son gratuitas. Parece la historia inversa después de que algunas Autopistas hayan comenzado a suprimir sus peajes al agotar sus concesiones, empezando en este caso por la AP-1 entre Burgos y Armiñón, la cual ya se liberalizó su uso el pasado mes de diciembre y que permite una mayor rapidez para conectar la zona norte con otras poblaciones tanto del centro peninsular como del oeste. Sin embargo, esta buena noticia para los miles de conductores que cada día emplean esta vía, puede quedar completamente ensombrecida en el caso de que se cumplan los planes que el Gobierno en funciones está estudiando.
La información llegaba de la mano del diario El País a través de su edición digital, en la que informa que el Ejecutivo en funciones se encuentra valorando soluciones que permitan afrontar el mantenimiento de las autovías que forman parte de la Red de Carreteras de España y las cuales eran gratuitas hasta el momento. Ese proyecto estudia instaurar por tanto un peaje con un pago "simbólico" para el uso de este tipo de carreras, el cual se podría situar en torno a “diez veces inferior” de lo que se paga en la actualidad por el uso de las autopistas.
Fuentes del Ministerio del Interior han apuntado que forma parte de una de las nuevas fórmulas de financiación que se barajan para asegurar el mantenimiento de toda la red viaria de carreteras en España, por lo que lo recaudado se emplearía para cubrir los gastos del mantenimiento de las vías rápidas, con un montante que alcanza en torno a los 1.100 millones de euros por años, así como para reducir los peajes vigentes en las autopistas. Aquellas en las que la concesión finalice, seguirán liberalizándose como ya ocurre con la AP-1 y a la que seguirá en 2020 el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y el de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.
Por ahora dicha medida es únicamente una posibilidad, estando “aún lejos de la fase ejecutiva” tal y como reconocen dichas fuentes al diario, precisando en este caso el consenso con el resto de los partidos en el Congreso (especialmente con la falta de acuerdo en la política española actualmente), Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales. De salir finalmente adelante, será uno de los puntos clave del próximo Pacto de Estado para la Movilidad, replicando un sistema similar al que se utiliza en Portugal, con usuarios que pagan por el uso de las autovías en función del kilometraje y las emisiones generadas por el vehículo.
José Luis Ábalos, Ministro de Fomento en funciones resumía en una frase dicha medida: “se deben tener en cuenta dos principios comunitarios: uno, el que contamina paga; y dos: el pago por uso”. Con ello también se busca acelerar la transición ecológica, liberar la presión fiscal y mejorar la cohesión territorial ya que según el propio Ábalos: “no puede haber territorios que tengan que pagar por el uso de sus infraestructuras y otros que no paguen nada. Hay que extender el principio de la igualdad de todos los territorios”. Se desliza por tanto que los vehículos eléctricos o con etiqueta Eco podrían recibir algún tipo de rebaja económica.
El impacto económico en el bolsillo de los conductores sería importante de llevarse finalmente a cabo a pesar de hablarse de ser un 10% de los costos de un peaje tradicional de autopista. Hasta el punto de que muchos usuarios podrían decidir regresar a carreteras convencionales para evitar dicho sobrecoste aunque esto conlleve trayectos más largos.