Entrará en vigor el viernes
La Generalitat ha aprobado el decreto ley que prohíbe anunciar dónde están los vehículos antes de contratarlos y prevé sanciones de hasta 1.400 euros para quienes lo incumplan.
El Govern ha aprobado este martes el decreto ley que obliga a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a precontratar sus servicios con una antelación mínima de 15 minutos en Catalunya. Así lo han anunciado este martes el conseller de Territorio, Damià Calvet, y la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
La norma prohíbe que las plataformas como Uber y Cabify puedan indicar dónde están sus vehículos antes de que el cliente les contrate -cuestión sobre la que el Govern dará un tiempo de margen para adaptarse-. Y establece que los VTC no puedan circular por las vías públicas buscando usuarios ni propiciar la captación de los que no hayan precontratado sus servicios, por lo que deberán estacionarse en aparcamientos y garajes cuando no hagan ningún servicio.
Este decreto se publicará el jueves en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y entrará en vigor el viernes, momento a partir del cual el Parlament tendrá un mes para convalidarla, además de que ya se tendrán que respetar las condiciones que fija. El incumplimiento de cualquier de las condiciones fijadas por el decreto ley se considerará una infracción grave, y prevé multas que pueden llegar hasta los 1.400 euros.
Para controlar la actividad de los VTC, los entes locales podrán crear un registro de los vehículos que operan en su ámbito territorial para garantizar el cumplimiento de las condiciones que fija. El Govern activará esta misma semana un registro de vehículos VTC que servirá para regular de manera transparente esta actividad.
Este registro habilitará a Mossos d'Esquadra y policías locales, además de inspectores del departamento, a inspeccionar e imponer sanciones a los VTC: el no cumplimiento, por ejemplo, de la precontratación de 15 minutos podría suponer una multa de 1.001 euros al ser una sanción grave.
Durante la mañana se han manifestado unos 700 conductores de VTC para rechazar la aprobación de este decreto al considerar que implicará el cierre de estas empresas y el despido de sus trabajadores. Sin embargo, Calvet ha defendido que la norma diferenciará a taxis y VTC, y que es una oportunidad para la convivencia y competitividad de ambos, así como en beneficio de los usuarios.
Sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que algunas empresas de VTC han planteado si se aprobaba este decreto ley, el conseller ha constatado que de momento no hay ninguno en marcha. Si se sacan adelante, el conseller ha asegurado que el Govern velará por que se garanticen los derechos de los trabajadores de estas empresas.
También se desarrollará una ley para regular de manera integral el transporte de viajeros con turismo -taxis y VTC- en Catalunya: la Conselleria prevé hacer una consulta pública previa antes de abril e iniciar su tramitación después. Esta ley tratará temas como la formación de conductores, sus turnos y periodos de descanso, la reducción del impacto ambiental de esta actividad, el uso de nuevas tecnologías, mayor transparencia en las tarifas de los VTC, así como su número total y cómo se transmiten.
Calvet ha anunciado que se requerirá un fondo de dinero para impulsar la reforma, que podría tomar la forma de una tasa, aunque Calvet ha remarcado que lo tendrá que determinar el Parlament.