PUEDE SER MUY ALTA
Los inhibidores o detectores de radares tienen una parte ilegal, y ésta puede derivar en cuantiosas multas capaces de alcanzar los 6.000 euros y perder seis puntos del carnet de conducir.
Existen una serie de medidas de seguridad que, en numerosas ocasiones, el conductor está empeñado en ignorar. Una de estas son los límites de velocidad, medida que nunca deberíamos pasar por alto pero que se hace con frecuencia, y además de la parte de inhibidores de radares para saber en qué punto están y así evitar multas que pueden ascender hasta los 6.000 euros de la mano de la pérdida de seis puntos del carnet de conducir.
Y es que estamos hablando de un sistema que sí, que es ilegal, pero que a su vez tiene otras funciones que están bajo el amparo de la ley. Estas no son otras que la identificación de radares fijo por medio de aplicaciones GPS como Google Maps o Waze, información que adquieren al ser de carácter público.
La cuantiosa multa que podemos recibir por llevar instalado un detector de radares
Es, por ello, que el problema radica, fundamentalmente, cuando el detector de radares que llevamos incorporado en el coche es de carácter ilegal. Esto sucede cuando el sistema se encarga de localizar a cinemómetros móviles, es decir, que su localización no es fija y, por ende, esta no está al alcance de nadie salvo de los cuerpos de seguridad.
Así, y en caso de que un agente nos intervenga tanto haciendo uso de los inhibidores como simplemente llevándolo instalado, podemos enfrentarnos a una cuantiosa multa. Concretamente esta puede ser de 6.000 euros y estar acompañada de la retirada de seis puntos del carnet de conducir.
Sin embargo, la situación puede ir considerablemente más lejos con quien haya instalado el detector de radares en nuestro vehículo. Al fin y al cabo estamos hablando de un negocio clandestino que realizan empresas que también trabajan con una tapadera legal.
De esta manera, la multa para el encargado de haber instalado el inhibidor puede ser de 30.000 euros. Además, el conductor multado debe desinstalar inmediatamente el sistema del vehículo y la policía pondrá punto y final al negocio que se lleva a cabo en el lugar donde este se compró.