¿Existe afán recaudatorio por parte de la DGT?
Las estadísticas han hablado: la mitad de todas las multas de tráfico impuestas por la DGT terminan siendo anuladas
Las multas de tráfico son uno de los métodos más efectivos para controlar el comportamiento de los conductores, pero también son una de las fuentes de ingresos más fuertes, estables y rápidas para la administración pública, máxime en un momento de crisis económica como el que vivimos. Cada año se imponen más de 4.5 millones de multas en nuestro país, pero sólo la mitad terminan traduciéndose en “dinero”.
Los conductores ya conocemos el “sistema” que implica la imposición de una multa de tráfico: todas las multas cuentan con un periodo de “pronto pago”, que generalmente es de 20 días, durante el cual el conductor puede abonar únicamente el 50% del importe total de la multa, paralizando y cerrando el proceso sancionador con la condición, eso sí, de renunciar a ningún tipo de alegación o recurso por su parte.
Con esta estrategia la DGT se asegura que buena parte de los conductores opten, directamente, por abonar el importe de la multa (especialmente si ésta es relativamente “barata”) y olvidarse de todo, lo que supone, por tanto, una fuente de ingresos constante para las arcas públicas. Sin embargo, parece que poco a poco los conductores estamos tomando conciencia de la necesidad de luchar por nuestros derechos.
•La mitad de las multas impuestas por la DGT terminan anuladas
Así es: aproximadamente la mitad de las multas que interpone la DGT terminan “en la basura”. Así se desprende del último estudio publicado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en el que se detalla que en los últimos tres años el número de recursos favorables a los conductores ha crecido del orden de 14 puntos porcentuales, lo que supone que en la actualidad una de cada dos multas impuestas por la DGT terminan en la basura.
No es el único dato que pone de relevancia éste estudio: en los últimos 20 años el número de multas impuestas por la DGT asciende a nada más y nada menos que 70 millones, una cifra que sorprende teniendo en cuenta que el número anual de multas se ha incrementado en un 122% en estos 20 años, cifra muy superior al crecimiento del parque automovilístico, cifrado en el 42%, lo que pone de relevancia la presencia de un importante afán recaudatorio por parte de la DGT.