2040 SERÁ UNA FECHA CLAVE
Para poder cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París, España acaba de aprobar su Ley del Cambio Climático con medidas para reducir los niveles de emisiones.
El Acuerdo de París estableció un marco global para evitar un cambio climático que entró en vigor en noviembre de 2016. Casi cinco años después de aquello, España ha aprobado su primera ley para cumplir con los objetivos marcados entonces y lograr la neutralidad climática antes de 2050. Una norma que tendrá repercusiones en el mundo del motor: así afecta a la compra de coches la Ley de Cambio Climático.
Esta nueva legislación establece dos fechas clave:
2040: prohibida la venta de modelos de combustión
La nueva Ley de Cambio Climático, evidentemente, no ha ignorado a la industria del motor. Tanto es así que le ha dedicado todo un apartado en el que se establecen varias premisas. Uno de los objetivos pasa, según el texto, por lograr “un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono (CO2)” en 2050.
Y para ello se tomarán medidas diez años antes. La norma establece que, a partir de 2040, se prohibirá la venta de vehículos que emitan CO2 con dos excepciones: los modelos históricos y aquellos destinados a usos comerciales. Para ello se ha diseñado un plan concreto que impulsará a los coches eléctricos desde varios frentes.
La ley establece que, a partir de 2023, “todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y tengan más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga eléctrica”. Las gasolineras, por su parten, también tendrán que estar equipadas con estas estaciones de carga. A esto hay que añadir que se establecerán objetivos para los “biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico”. Es decir, los sintéticos.
Zonas de bajas emisiones
Por otro lado, la Ley de Cambio Climático determina que “todos los municipios con más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible”. En ellos tendrán que incluir las medidas necesarias para reducir las emisiones derivadas de la movilidad. Actuaciones en las que se incluye la implantación de zonas de bajas emisiones antes de 2023, el impulso de la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados. Para ello, promoverá la financiación del transporte público y marcará objetivos del ferrocarril en distancias superiores a los 300 kilómetros.