SEGÚN DATOS DEL GOBIERNO
A lo largo del Estado de Alarma se formularon 1.142.127 denuncias, pero sólo 7.408 han terminado convirtiéndose en un expediente de sanción.
El primer Estado de Alarma que se estableció para frenar la expansión del coronavirus duró 99 días: desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020. Un período de tiempo en el que los ciudadanos españoles vivieron confinados en sus hogares hasta que llegó la desescalada por fases. Saltarse aquellas restricciones de movilidad estaba penado: se pusieron más de un millón de multas, pero sólo 7.400 se han hecho realidad.
El Gobierno ha proporcionado estos datos para responder a una pregunta parlamentaria formulada en torno a este tema. A lo largo del Estado de Alarma se formularon 1.142.127 denuncias por parte de la Policía Nacional (286.980), la Guardia Civil (337.866) y los diferentes cuerpos municipales y autonómicos.
7.400 sanciones
Sin embargo, aquella cifra se ha visto notablemente reducida. De todas esas multas por infringir las prohibiciones vigentes durante el primer Estado de Alarma, sólo 7.408 finalizaron con expediente de sanción. O lo que es lo mismo: únicamente el 0,64% del total de castigos impuestos han terminado materializándose.
En su momento, la Abogacía del Estado avisó que las multas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales y autonómicas estaban poniendo a todos aquellos que se saltaban las normas eran tan numerosas que resultaría complicado que prosperasen.
Es más, los servicios jurídicos del Estado aseguraron que “el mero incumplimiento de las limitaciones o restricciones impuestas” no se podía calificar de forma automática como infracción de desobediencia. Esto sólo ocurría cuando un agente de la autoridad obliga a cumplirlas “y el particular desatienda dicho requerimiento”.
Las más numerosas
Durante el Estado de Alarma, las sanciones más frecuentes se impusieron por incumplir el confinamiento domiciliario o las limitaciones de movimientos y por no usar mascarillas en aquellos espacios en los que era obligatorio. No en vano, los desplazamientos no autorizados fueron las multas más comunes y estaban penados con 601 euros.
De propuesta de sanción a sanción definitiva
Cabe recordar que cuando un agente denuncia a una persona por cometer una infracción está formulando una propuesta de sanción. Ésta va a parar a la correspondiente Delegación de Gobierno, donde da comienzo el procedimiento sancionador para notificar al ciudadano tanto la propuesta de sanción como su importe. Cuando han sido informados, tienen un plazo de quince días para alegar y si no lo hacen o su recurso no es admitido, se decreta la sanción definitiva.