El
temor a que se repita un nuevo caso Dieselgate en Europa ha llevado a la modificación de las leyes europeas para endurecer sensiblemente las sanciones en caso de destaparse un nuevo escándalo de este tipo. De este modo el Parlamento, el Consejo y la Comisión europeos han alcanzado a
un acuerdo para elevar el control y la independencia sobre las pruebas de homologación. Una de las medidas más importantes que se ha introducido es el castigo con
hasta 30.000 euros por cada vehículo que haya sido objeto de fraude. A ello habá que añadir una mayor presión por parte de las autoridades europeas sobre los países miembros para auditarlos de forma periódica y
evitar que los servicios técnicos sean pagados directamente por los fabricantes de vehículos. Al mismo tiempo también
se obligará a realizar controles, no sólo de forma previa a la comercialización del vehículo, sino también una vez ya estén en circulación. Otro aspecto muy importante es que
Europa podrá realizar inspecciones de mercado independientes a las de los estados miembros, pudiendo retirar un vehículo que no cumpla con las normas de homologación comunitarias de forma unilateral, una medida que hasta ahora sólo puede ser aprobada por cada país. El acuerdo, aún sujeto a la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo será obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2020. #TePuedeInteresar
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