LO ASEGURA UN INFORME
Bruselas se enfrenta a un nuevo problema relacionado con la industria del motor y la transición ecológica del parque automovilístico.
Hace ya algunos años que la Unión Europea (UE) estableció un sistema de medición de emisiones de CO2 obligatorio para todos los fabricantes de automóviles que operasen en territorio de sus 27 países miembros, imponiendo duras sanciones económicas a las marcas que no cumpliesen con los límites. Ahora, un informe de UNITI, que se trata de una asociación alemana, cuestiona la legalidad de esta regulación, la cual puede acabar en los tribunales y con muy serias consecuencias para un organismo geopolítico que podría haber abusado de su poder.
En esencia, el documento en cuestión sugiere que esas decisiones de la UE en materia de emisiones de los vehículos (y sobre todo de los coches) podrían ser absolutamente ilegales. Esto podría causar un verdadero cataclismo en Europa, socavando más si cabe la reputación de la entidad comunitaria, pues las medida que ha tomado en esta línea han lastrado gravemente la competitividad del sector automotriz de este continente en la última década, sometiendo a un estrés sin precedentes a las empresas de la industria y limitando su capacidad o libertad de actuación, así como sus ingresos y beneficios.
El sistema de medición de emisiones de la UE incluye pruebas en condiciones reales de circulación y también en laboratorio, de modo que las firmas usan aparatos portátiles a fin de cumplir con las normativas y obtener la certificación u homologación con base en el procedimiento WLTP. No obstante, un reciente estudio realizado por un experto en derecho medioambiental (entre muchas materias) de la Universidad de Augsburgo concluye que la regulación de emisiones de la UE no sólo es ilegal, sino que perjudica la protección efectiva del clima. Sorpresa.
Este hombre, llamado Martin Kment, afirma que medir los gases de escape solo en el terminal de escape es un método obsoleto y malo para el medio ambiente, además de injusto para la compañía que se dedica a desarrollar y construir el producto, pues no se tiene en cuenta todo el ciclo de vida del vehículo para determinar sus emisiones reales de CO2. Sin embargo, la UE se beneficia económicamente del sistema actual al aplicar multas cuando las emisiones superan los límites que ella misma considera con criterios dudosos o cuanto menos cuestionables.
Adicionalmente, Kment acusa a la Comisión del organismo de atribuirse una excesiva responsabilidad que no le corresponde al imponer y cobrar multas, señalando además que la transferencia de ingresos a sus presupuestos generales es "contraria al contrato" y carece de fundamento jurídico. Si los fabricantes alemanes (entre algunos otros), que ya conocen y estudian el informe, deciden actuar en consecuencia y reclamar una gran devolución de las multas pagadas, podría desencadenarse un conflicto significativo con la UE, lográndose un impacto considerable en el futuro de las regulaciones similares.