INCERTIDUMBRE CON LAS SANCIONES
Desde su implantación, las Zonas de Bajas Emisiones no han estado exentas de polémica. Sin embargo, unas de las dudas que surgen en los conductores es si tienen que pagar las multas relacionadas con ellas o no.
La movilidad a nivel mundial se encuentra en un largo periodo de cambio. Las altas emisiones de dióxido de carbono emitidas por nuestros vehículos han obligado a los estados a tomar cartas en el asunto antes de que la situación empeore sustancialmente. Más allá de la normativa Euro 7, común en toda Europa, cada país ha iniciado su propio camino para reducir la contaminación medioambiental.
En España, desde el pasado 2021, las Zonas de Bajas Emisiones entraron a formar parte de las vidas de todos los conductores, aunque, eso sí, de aquellos que vivan en municipios con más de 50.000 habitantes. Un total de 149 ciudades españolas han implantado este tipo de áreas de manera progresiva. Estas ZBE son una herramienta adoptada por las grandes urbes en las que el acceso a determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones, es decir, son medidas pensadas para mejorar la calidad del aire.
Como cada año, esta normativa medioambiental es regulada por el ayuntamiento de cada una de las 149 ciudades, por lo que el próximo 2024 las exigencias con respecto a los vehículos autorizados para entrar en estas áreas serán aún mayores. Más allá de las dudas con respecto a las etiquetas, otra de las cuestiones que preocupan a los conductores se centra en las multas recibidas en las ZBE.
Aunque a priori pueda resultar una pregunta un tanto incoherente, lo cierto es que inicialmente estas zonas entraron en funcionamiento a modo de prueba, por lo que si los conductores infringían la norma no recibían sanción alguna. No obstante, los infractores percibían en sus domicilios un aviso de la infracción que habían cometido y la fecha a partir de la cual le habría supuesto una multa.
Incluso alguna sentencia judicial llegó a declarar nulas de validez cientos de sanciones, puesto que los ayuntamientos no habían respetado este periodo de pruebas, que de manera habitual suele ser de uno a tres meses. Sin embargo, ahora sí que las multas son firmes pese a los retrasos de más de un año que las ciudades llevan en su implantación.
En caso de recibir una sanción relacionada con las Zonas de Bajas Emisiones, el último Reglamento de Circulación de marzo de este mismo año estableció una cifra de 200 euros por estas infracciones, 100 euros en caso de pronto pago. Y es que las ZBE se han convertido en todo un negocio para los ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ingresó durante los seis primeros meses de implantación unos 70 millones de euros, unas cifras que se duplican con lo estimado a ingresas este año, 150 millones.