UNA PROPOSICIÓN QUE NO GUSTA A TODOS
Desde la Unión Europea buscan limitar aún más el movimiento de vehículos en condiciones de desguace, encargando a las marcas hacerse cargo de enviarlos a los centros de reciclaje ¿por qué no gusta a todos?
Cada año en España se adquieren más de un millón de coches nuevos y, a la vez, millones de vehículos cambian de manos tras haber sido adquiridos por nuevos propietarios. También se produce un flujo de vehículos que estaban circulando pero, por diversas circunstancias, terminan en un desguace la que aparentemente va a ser su vida útil al menos en términos de circulación. Un vehículo es, de por sí, una máquina muy contaminante que necesita ser reciclada de manera adecuada para no producir daños al medio ambiente.
Con el paso del tiempo, la Unión Europea ha ido adaptando el reglamento vigente en función de los diferentes avances técnicos, especialmente en lo referente a sustancias peligrosas presentes en los vehículos fabricados después del 1 de julio de 2003, como plomo o cadmio. No obstante, el problema se intensifica con los coches nuevos que siguen en circulación durante muchos años y los coches de segunda mano con múltiples propietarios. La UE aspira a fomentar la economía circular, evitando que los vehículos al final de su vida útil terminen en desguaces fuera de la UE y asegurando que aquellos que deben ser desechados se retiren de la circulación sin más oportunidades de salir del territorio europeo.
Según estimaciones de la UE, alrededor de seis millones de coches deberían ser desechados anualmente como residuos, pero no todos cumplen con este destino, terminando en otros países cercanos (fuera de la UE, donde las normas son mucho más laxas). Para impulsar prácticas más sostenibles, la Comisión exige que los coches nuevos contengan al menos un 25% de plásticos reciclados.
La última propuesta de mano de la Comisión Europea es todavía mucho más llamativa: que sean los fabricantes los que tomen la decisión de determinar si un vehículo es apto para seguir circulando, diferenciando claramente entre vehículos usados y aquellos al final de su vida comercial. Los 27 países de la UE deben estudiar la propuesta y establecer una fecha de entrada en vigor. Aunque la medida implicará un aumento en el precio de los coches nuevos, la Comisión estima que será inferior a 40 euros, un coste a todas luces asumible. Sin embargo, se espera que la industria automotriz, especialmente los coches eléctricos, exprese su oposición a esta propuesta.