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Las etiquetas de emisiones han pasado de ser una mera herramienta informativa y clasificatoria a convertirse en una "excusa" más para que las administraciones multen y recauden. Desde su lanzamiento hace aproximadamente dos años, las etiquetas ambientales no han dejado de crecer en popularidad: todo el mundo las conoce y sabe para qué se utilizan.

La existencia de estas etiquetas se ha convertido en la forma perfecta de clasificación del parque automovilístico. Gracias a las pegatinas que, por cierto, hace tiempo que hay que pagar para conseguir, las autoridades pueden saber, de un vistazo, el índice contaminante de un vehículo, un hecho muy útil en episodios de alta contaminación, cada vez más habituales en las grandes ciudades.

Pese a que su utilización se ha calificado de "voluntaria" por parte de la DGT -creadora de las etiquetas- algunos ayuntamientos han aprovechado su existencia para encontrar una nueva forma de recaudación.Barcelona fue la primera ciudad que aprovechó las etiquetas para multar: en episodios de alta contaminación, cuando el protocolo anticontaminación se activa, los vehículos que entran al centro de la ciudad sin tener etiqueta son multados con 100€, 50 euros con pronto pago.

La siguiente ciudad en dar el paso ha sido Madrid, donde desde el pasado 8 de octubre funciona un nuevo protocolo anticontaminación mucho más restrictivo con los vehículos más contaminantes. La capital española comenzará a multar, dentro de seis meses, a aquellos vehículos que no porten de forma visible la etiqueta ambiental, una sanción que ascenderá, previsiblemente, a 90€, 45 euros con pronto pago.

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