Para impulsar su venta tras el COVID-19
Esta medida produciría una bajada acusada de los precios de este tipo de automóviles. En España, este impuesto es del 21%.
A estas alturas, parece claro que el futuro del automóvil está muy enfocado en el vehículo eléctrico. Cada vez son más los modelos electrificados presentes en el mercado, al igual que también suben las exigencias de las nuevas normativas para frenar las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Tras el parón en el sector provocado por el coronavirus, las marcas empiezan a reactivarse de nuevo y parece que el coche eléctrico va a ser uno de los grandes beneficiados en el nuevo entorno posterior a la pandemia. Según ha podido saber Bloomberg, la Unión Europea se plantea una exención del IVA a los vehículos "cero emisiones". Es decir, los impulsados con hidrógenoy los eléctricos.
Esta medida supondría un descenso muy llamativo del precio del eléctrico en el continente. Actualmente, en España (en la Península y Baleares), el IVA se encuentra en un 21% para este sector, por lo que su eliminación podría provocar una caída de varios miles euros en el coste de adquisición de un coche de estas características. La implementación de este descuento no es una novedad total en nuestro país. El año pasado, la comunidad autónoma canaria ya anunció una medida de estas características para su territorio y en Europa, aunque fuera del club comunitario, Noruega lleva varios años haciéndolo.
Más impulso
Pero el empujón que estaría preparando Bruselas para el impulso del vehículo "cero emisiones" no se limita únicamente a esta exención del IVA. La Comisión también prepara para los próximos años un plan de inversión de 20.000 millones de ayudas para incentivar la compra de este tipo de coches, aunque todavía no se concreta cómo se podría acceder a este tipo de ayudas.
Eso sí, para esta nueva etapa, también habría que implementar una red de carga que pueda sostener un alto número de vehículos eléctricos en circulación. Por ello, también se prevé la instalación de dos millones de puntos de carga públicos y estaciones de servicio alternativas en un plazo de cinco años, de aquí a 2025.