La defensa de las denunciantes de Julio Iglesias asegura que la Fiscalía les tomará declaración como testigos protegidos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando bajo secreto de sumario una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, tras una investigación conjunta de 'eldiario.es' y 'Univisión Noticias'. La denuncia fue presentada por dos extrabajadoras del servicio doméstico de sus residencias en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas), que relatan todo tipo de abusos y agresiones sexuales cometidas en 2021.

Según anunciaron en rueda de prensa Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional España, la Fiscalía habría decidido tomar declaración a las denunciantes y otorgarles la condición de testigos protegidos. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado ni desmentido estos extremos.

Fuentes fiscales han apuntado a laSexta que, "dado el carácter secreto de las diligencias de investigación, no vamos a dar ninguna información acerca del contenido de las mismas ni de su desarrollo, hasta que haya una resolución que ponga fin a las mismas, que será comunicada oficialmente". Por lo tanto, todos los detalles sobre la toma de declaración y la protección de las denunciantes provienen de las propias organizaciones y no han sido confirmados por la Fiscalía.

Denuncia y delitos

La denuncia detalla hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021 y recoge supuestos delitos de:

• Trata de seres humanos
• Imposición de trabajo forzado y servidumbre
• Acoso sexual
• Agresión sexual
• Lesiones
• Vulneración de los derechos de los trabajadores

Según Joavana Ríos, directora ejecutiva de Women's Link, las denunciantes enfrentan a un acusado con "un poder distinto al suyo, derivado de su influencia y capacidad económica", y por eso solicitaron medidas de protección

Por su parte, Gema Fernández, abogada de las denunciantes, ha explicado que en 2021 Julio Iglesias utilizó su poder para ejercer explotación laboral y sexual, y que personas que trabajaban allí eran conscientes de la situación. "La presencia de tres personas con jerarquía de poder aumentaba la presión psicológica y limitaba la capacidad de oponerse o resistirse", ha señalado. Fernández ha detallad que se trataría de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de acoso y agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

"La ley española permite investigar determinados delitos, aunque se hayan cometido fuera del territorio nacional, especialmente cuando hay violaciones de derechos humanos, existe la nacionalidad del denunciado y los hechos no han sido investigados en los países donde ocurrieron", ha añadido Fernández.

Eliana Alcalá, asociada legal de Women's Link, ha enfatizado en que acompañar a las víctimas puede generar transformaciones sistémicas, incluyendo medidas de no repetición y reparaciones. "El Estado español tiene la obligación de ejercer su jurisdicción conforme a los derechos humanos. Las fronteras no pueden convertirse en un muro que legitime la impunidad", ha asegurado. También ha subrayado que es imprescindible que el Estado adopte medidas preventivas específicas frente a la trata de seres humanos y violencia sexual que afectan a mujeres migrantes.

Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional, ha destacado que la situación de las denunciantes refleja un patrón global: "Lo que les ocurrió ha ocurrido en otros países, afectando a mujeres vulnerables. Es necesario contar con un marco jurídico sólido, sobre todo en sectores precarizados y afectados por políticas migratorias."

Medidas de protección solicitadas

Durante la rueda de prensa, Ríos ha explicado que las medidas reclamadas incluyen:

• Evitar cualquier contacto directo entre las denunciantes y familiares del denunciado.
• Proteger la intimidad de Rebeca y Laura e impedir la difusión de información que pueda identificarlas.
• Garantizar que la declaración ante la Fiscalía se realice en condiciones adecuadas, evitando revictimización y teniendo en cuenta sus circunstancias personales.
• Proteger a las trabajadoras que actualmente siguen empleadas por el denunciado frente a posibles represalias.

Ríos ha confirmado que dos de estas medidas ya estarían en marcha según las organizaciones: la Fiscalía tomaría declaración a las denunciantes y les habría otorgado la condición de testigos protegidos.

Sobre la declaración, las expertas han aclarado que no hay fecha prevista y que la Fiscalía podría recurrir a medios telemáticos, algo habitual en este tipo de casos.

Investigación y pruebas

En cuanto a los informes médicos y ginecológicos, las organizaciones han señalado que estos pueden servir como indicio de la imposición de condiciones laborales abusivas y posibles agresiones sexuales, tal como se ha visto en casos previos.

Las denunciantes también relataron que fueron seleccionadas y trasladadas bajo un patrón de aislamiento, engaño, amenazas y abuso de poder, sin conocer previamente las condiciones laborales ni el ambiente de acoso. No contaban con contrato, control de comunicaciones y fueron sometidas a malos tratos, acoso y agresiones sexuales, según las organizaciones.

Búsqueda de justicia y visibilidad

Women's Link y Amnistía Internacional han destacado que su objetivo es dar visibilidad a la denuncia y crear un altavoz para que otras posibles víctimas encuentren apoyo, incluso aquellas que aún no se han atrevido a denunciar.

Cuando se les ha preguntado si tenían constancia de más víctimas, han respondido: "Sí, hemos sido contactadas por otras mujeres, pero no vamos a dar más datos por protección."

Finalmente, las expertas esperan que este caso siente un precedente legal importante, incorporando la explotación en hogares privados, incluso cuando es ejercida por figuras públicas, y garantizando sanción y reparación a las víctimas sin importar dónde hayan ocurrido los hechos.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.