El futuro del caso Negreira: más imputaciones y la crucial batalla por el cohecho

Siete meses después de que la Fiscalía interpusiera la denuncia contra el Fútbol Club Barcelona que ha destapado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del deporte español, el caso Negreira empieza a coger vuelo. Según fuentes de la investigación consultadas por laSexta, las imputaciones del presidente del club, Joan Laporta, y de sus antecesores, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, no serán las últimas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, prepara las citaciones como investigados de todos los responsables del área económica del club que, entre 2008 y 2018 -los ejercicios que no han prescrito a efectos del delito de cohecho continuado- autorizaron y presupuestaron los pagos al ex número dos del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, que desde 2001 superaron los siete millones de euros.

En este momento procesal, de arranque de la investigación, el magistrado ha otorgado la condición de investigados a los tres máximos mandatarios del club en los últimos veinte años, Laporta, Rosell y Bartomeu; al Barça como persona jurídica; a su exdirector ejecutivo Óscar Grau; y al exdirector de Relaciones Institucionales y exsecretario de Estado para el Deporte Albert Soler.

Los árbitros, en el punto de mira

Del lado de los árbitros están imputados Enríquez Negreira, que intenta esquivar la responsabilidad penal y civil argumentando que tiene una demencia cognitiva que le impide declarar y que están evaluando los forenses del Instituto de Medicina Legal de Barcelona; y su hijo, Javier Enríquez Romero, cooperador necesario de las actividades de su padre.

La causa ha experimentado un salto cualitativo con el último auto del magistrado, dictado este miércoles, que ya contempla la posible existencia de "un grupo de árbitros corruptos" a los que se podría atribuir un delito de corrupción deportiva si se demostrara que su jefe influía en ellos para que beneficiaran al Barça y, a cambio, les premiaba potenciando sus respectivas carreras profesionales.

Antes de que los mandatarios del Barça sean llamados a declarar, según las citadas fuentes, el juez pretende aquilatar la investigación y los indicios de delito que existen contra los investigados a partir del informe que está elaborando la Guardia Civil, que asumió en septiembre pasado la condición de policía judicial y la dirección de las pesquisas.

En ese informe los agentes del instituto armado deben determinar, si como apuntó el exárbitro Xavier Estrada Fernández, que ejerce la acusación popular en la causa, se instauró "un sistema de calificación de los árbitros tutelado por el vicepresidente Negreira que podría permitir a los árbitros afines a él dirigir partidos relevantes de La Liga o Copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentando así sus ingresos de manera muy importante".

El registro del CTA

Los investigadores de la Guardia Civil también están trabajando en las pruebas que recabaron durante el registro de más de doce horas que realizaron, el pasado 28 de septiembre, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde inspeccionaron la práctica totalidad de los despachos del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Los agentes se llevaron copia de los discos duros de una decena de ordenadores y documentos en papel de la época Negreira que se guardaban en un almacén. Las principales conclusiones de esta diligencia, que permanece secreta para no afectar al desarrollo de la investigación, ya han sido trasladadas de forma verbal al juez instructor.

Aguirre también ordenó aportar a la causa todas las circulares y comunicaciones de cualquier tipo, desde correos electrónicos y cartas hasta mensajes de texto o de cualquier aplicación, que intercambiaron los dirigentes del CTA con los colegiados profesionales y con otros cargos federativos en relación con Enríquez Negreira y Enríquez Romero. También reclamó el cuestionario de satisfacción que se realizó a los miembros del colectivo arbitral y el informe que el Departamento de Integridad de la Federación remitió a la UEFA con las conclusiones sobre la investigación interna.

La batalla del cohecho

Según varias fuentes de las acusaciones y de las defensas, el hito clave que determinará el devenir del caso Negreira será la decisión que adopte la Audiencia Provincial de Barcelona cuando tenga que resolver los recursos contra el auto en el que el juez Aguirre incluyó el cohecho como alternativa al delito de corrupción deportiva, que exige demostrar la intención de que los pagos tenían el objetivo de influir en el desarrollo de la competición alterando los resultados.

El togado sostiene que Enríquez Negreira puede ser considerado funcionario público a partir del hecho de que, a pesar de su naturaleza privada, las federaciones tienen funciones públicas como el reparto de subvenciones o la organización de competiciones nacionales. También se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su posición ante el caso de la Federación Italiana de Fútbol y otros pronunciamientos como el realizado por la Audiencia Provincial de Madrid en relación con la investigación al expresidente de la RFEF Luis Rubiales.

Si la Audiencia avala la imputación por cohecho, fuentes jurídicas señalan que bastaría con acreditar los pagos que el Barça realizó a las empresas de Enríquez Negreira, que el club reconoció ante Hacienda como "liberalidades" (donaciones), para sustentar una condena, al menos, por cohecho impropio. La modalidad más leve de este delito, recogido en el artículo 422 del Código Penal, tipifica los pagos a un funcionario público por su condición sin la necesidad de que adopte ninguna decisión a cambio. Está castigada con penas de entre seis meses y un año de cárcel y la suspensión del empleo o cargo público entre uno y tres años.

Sin embargo, la pena por el delito de cohecho continuado que actualmente el juez atribuye a los investigados podría alcanzar los siete años y medio de cárcel. A estas imputaciones habría que añadir las de administración desleal y falsedad documental, lo que el horizonte penal al que se enfrentan los imputados hasta los 16 años y medio de cárcel.

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