"No entendía nada"

Unas 2.700 personas se quedan sin la ayuda a la compra de coches eléctricos anunciada por Sánchez: "El Gobierno cambió las normas cuando habíamos jugado el partido"

El contexto El 23 de diciembre de 2024, cuando Pedro Sánchez anunció ayudas de hasta 7.000 euros por comprar un coche eléctrico. El Gobierno, efectivamente, prorrogó las ayudas, pero el Congreso de los Diputados tumbó el decreto un mes más tarde, el 23 de enero de 2025.

Centenares de propietarios de vehículos eléctricos han emprendido una batalla legal contra el Gobierno. Denuncian que el Ejecutivo ha incumplido un decreto impulsado por el propio Consejo de Ministros que les empujó a adquirir un nuevo coche y que ahora les tiene a la espera de recibir la financiación prometida por el Estado.

Todo comenzó el 23 de diciembre de 2024, cuando Pedro Sánchez anunció ayudas de hasta 7.000 euros por comprar un coche eléctrico. "Hoy hemos aprobado extenderla durante seis meses más, hasta junio de 2025", dijo el presidente en su rueda de prensa de balance del año. El Gobierno, efectivamente, prorrogó las ayudas, pero el Congreso de los Diputados tumbó el decreto un mes más tarde, el 23 de enero de 2025.

Ante esa tesitura, el Gobierno volvió a presentar el texto y, a la segunda, lo sacó adelante. Sin embargo, lo hicieron con efecto retroactivo desde el 1 de enero, no desde el 23 de diciembre, por lo que aquellos que adquirieron un vehículo eléctrico durante esos ocho días quedaron completamente desprotegidos.

"Calculamos que solo de la última semana de diciembre 2.700 personas están afectadas", asegura Nicolás Sadofschi, portavoz de la Plataforma de Afectados por el MOVES III.

En algunos casos, como el de Alberto Lozano, hubo quien compró el coche meses antes de que acabase la medida, pero no presentó los papeles hasta enero. En consecuencia, el Gobierno le denegó la subvención. "No entendía nada, porque había cumplido con todas las obligaciones y con los requisitos", afirma.

Son centenares las personas que se sienten estafadas por el Estado y, por ello, llevan meses en manos de un bufete de abogados para cobrar lo que les corresponde. La movilización de los afectados, que comenzó a través de las redes sociales, ya está en los tribunales.

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