Agosto finaliza con la factura de la luz más cara desde enero de 2017: es el cuarto recibo más alto de la historia

El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) se situó en 80,73 euros en agosto, casi nueve euros, un 12,4%, por encima de los 71,82 euros de agosto de 2017.

De este modo, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según los datos publicados por Facua.

La factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo. Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y en tercer lugar los 81,18 euros de julio de 2015.

La subida mensual de agosto ha sido del 3%, lo que supone que el recibo del usuario medio será 2,34 euros más caro que el de julio. La factura para un usuario con un consumo de 366 kWh mensuales y 4,4 kW de potencia contratada (la media según Facua) se situó en julio en 78,39, tras subir un 2,2%.

En junio, el mismo recibo fue de 76,71 euros (+1,8%), en mayo se situó en 75,34 euros (+7,7%), en abril en 69,94 euros (+0,7%), en marzo en 69,46 euros (-9,0%), en febrero en 76,32 euros (+2,0%) y en enero en 74,81 euros (-6,1%).

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh se ha situado en agosto en una media de 16,81 céntimos (impuestos incluidos), un 3,9% por encima de los 16,18 céntimos de julio. A nivel interanual, la subida ha sido del 16,9%, ya que el kWh estaba en 14,4 céntimos en agosto de 2017.

Facua reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga las tarifas del sector eléctrico "para acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas que sufren los usuarios en España".

A finales de 2016, Facua promovió un manifiesto junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar seis medidas en materia de política eléctrica. Una de ellas es la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

La aprobación de una auténtica tarifa social para los usuarios con menos poder adquisitivo y sufragada por las eléctricas es otra de las reclamaciones de las organizaciones ciudadanas. Facua denuncia que el año pasado el Gobierno de Rajoy recortó los ya de por sí insuficientes descuentos aplicados con el bono social creado en la etapa de Zapatero.