Así justifica Rato su salario de 2,4 millones en Bankia: "Era similar al de mi antecesor"

La Audiencia Nacional ha acordado mantener a todas las acusaciones, incluidas las populares, personadas en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, lo que permite seguir a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que piden hasta doce años de cárcel para la treintena de acusados.

En el auto conocido este martes, la sección cuarta de la sala de lo Penal ha rechazado casi todas las cuestiones planteadas por las defensas, avalando la presencia de los perjudicados como acusación particular, si bien ha retirado el delito de falsedad contable atribuido a las personas jurídicas, Bankia, su matriz BFA, y la firma auditora Deloitte, sobre las que ahora sólo pesa el de estafa a inversores.

También se ha opuesto a la petición fiscal por la que se incorporaban a la causa documentos relacionados con la quiebra de Banco de Valencia. Durante la exposición de las cuestiones previas, las defensas comunicaron sus dudas sobre la legitimidad de los pequeños ahorradores, e invocaron la llamada "doctrina Botín", que limita el ejercicio de la acción popular cuando ni la Fiscalía -que actualmente sólo carga contra los cuatro antiguos administradores del banco- ni los perjudicados ejerzan acusación.

Unos argumentos que ahora rechaza la sala, que obliga a los acusados a acudir a todas las sesiones programadas, en principio hasta el próximo junio, y que ya ha empezado con la declaración del expresidente de la entidad Rodrigo Rato.

Para él la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por presunta estafa a los inversores de la salida a Bolsa, tal como consta en sus conclusiones provisionales; no obstante, en la primera jornada, la fiscal Carmen Launa -que sustituye a Alejandro Luzón- se reservó la posibilidad de incluir una presunta falsedad contable, que también podría extender al resto de acusados.

Posible cambio al margen, que en cualquier caso se conocerá durante la presentación de las calificaciones definitivas -previstas para junio-, por ahora el Ministerio Público presenta cargos, además de contra Rato, contra los otros tres exadministradores de hecho de la entidad.

Así, se espera que tras éste le llegue el turno al exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, para el que Fiscalía solicita cuatro años de prisión; al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años de cárcel), y al ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses de cárcel).

El resto de acusaciones aumenta sus peticiones hasta los 12 años de cárcel tanto para la excúpula como casi una treintena de exdirectivo y el socio auditor, y multas millonarias para la entidad, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte, en calidad de personas jurídicas.