Así planea el Gobierno perseguir el uso ilegal de viviendas para alquiler turístico

Mientras el alquiler de la vivienda sigue al alza, miles de propietarios no se dan por satisfecho con el rédito que sacan con los precios abusivos que imponen a los inquilinos y prefieren retirar sus viviendas del mercado para 'sacarle más partido' con el turismo. Una prácitca que, en la mayoría de casos, es ilegal si se carece de una licencia que permita a los arrendarores poner un anuncio en las principales plataformas de alquiler turístico como son 'Airbnb' o 'Booking.com'.

El auge de los pisos turísticos ha llegado a tal punto que en febrero de 2024 se registraron un total de 351.389 viviendas de uso turístico (VUT), el 1,3 % del parque total de casas, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que constata una tendencia creciente, más acusada en la temporada de verano. Sin embargo, un porcentaje muy bajo de las ofertas que se publican en las diferentes plataformas de alquiler turístico cumplen con los requisitos que se establecen desde los ayuntamientos.

¿Hay tantas viviendas que se utilizan para hospedar a turistas que carecen de los papeles necesarios para realizar la actividad de manera legal? No hay informes que esclarezcan cuál es el porcentaje de viviendas que no tienen licencia de las 351.389; sin embargo, en un artículo publicado por'elDiario.es'se asegura que solo el 1,1% de los pisos turísticos situados en Madrid son legales. A fecha de 14 de febrero de este año, el Ayuntamiento tenía registradas 277 licencias de funcionamiento para este tipo de negocios.

Es por ello que a sabiendas de este incremento descontrolado que afecta directamente a la burbuja inmobiliaria, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación sobre potenciales prácticas comerciales desleales en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico.

El departamento tutelado por Pablo Bustinduy pedirá a las principales empresas del gremio que envíen información exhaustiva sobre las viviendas que se anuncian en sus portales y haciendo especial hincapié en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales.

"Desde la Dirección General de Consumo, integrada en este ministerio, se han identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas. Serían prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales y que, por tanto, supondrían una infracción que puede "generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", señalan desde la Dirección General de Consumo", ha explicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Multas que podrían llegar hasta los 100.000 euros

Un proceso que requiere de una serie de pasos intermedios para corroborar la legalidad de los pisos turísticos en España. Así lo ha explicado el director general de Consumo, Daniel Arribas, a EFE, el cual ha asegurado que para obtener los datos necesarios para poder corroborar estas prácticas desleales, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene que ejecutar una serie de requerimientos a las principales plataformas de nuestro país, sin llegar a dar nombres concretos de empresas.

"Lo que se está viendo en esta investigación previa es la actividad que se genera en el seno de las propias plataformas, no su actividad", ha incidido el responsable de la Dirección General. Aun así, la investigación que ha puesto en marcha Consumo no tiene como principal objetivo las plataformas de alquiler turístico, ya que estas no son responsables directos aunque permitan que se aloje determinada información en su seno.

En cuanto a las multas que se impondrán a las personas que no tengan la licencia, "la Dirección General de Consumo va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000€", cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Esta investigación se suma a la iniciativa del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana espera tener lista antes de que acabe 2025una plataforma única estatal que unifique datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos para ver lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y tener más agilidad para combatir el fraude. Dos medidas para poner en jaque el mercado ilegal de pisos turísticos en España y frenar el auge descontrolado de esta práctica que afecta, como siempre, a los inquilinos y al precio del alquiler.