Salir de los "apriorismos"
Aval unánime al Plan Estatal de Vivienda: las autonomías del PP votan sí aunque amenazan con la posibilidad de recurrir
El contexto El Ministerio de Vivienda cree que es un acuerdo importante por el "poderoso mensaje" que lanza ya que diferentes administraciones, de diferentes colores, "reman" juntas para resolver el principal problema de la ciudadanía.
Resumen IA supervisado
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que moviliza 7.000 millones de euros, recibió el respaldo unánime de las comunidades autónomas. Este plan, impulsado por Pedro Sánchez, busca marcar un punto de inflexión en la colaboración con el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez. El acuerdo, que cuenta con el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales, pretende resolver el problema de la vivienda mediante inversión pública y ampliación del parque público. El Gobierno financiará el 60% y las autonomías el 40%. El plan prioriza la construcción, rehabilitación y ayudas, y establece medidas para evitar la especulación y el fraude en la adjudicación de viviendas.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, ha recibido finalmente este jueves el aval unánime de las comunidades autónomas y el Gobierno espera que marque un punto de inflexión y haya, a partir de ahora, una colaboración leal con el Ministerio de Vivienda.
Minutos antes de que diera comienzo una nueva Conferencia Sectorial, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confiaba en alcanzar un acuerdo unánime con las comunidades autónomas para el reparto económico del nuevo Plan, impulsado por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de hace un año.
Tras lograr el apoyo del conjunto de las comunidades, el Ministerio de Vivienda entiende que es un acuerdo importante por su contenido, pero también por el "poderoso mensaje" que lanza a la ciudadanía, ya que diferentes administraciones, de diferentes colores, "reman" juntas para resolver el principal problema de la población.
Todo ello, apunta, con el aval y consenso de las organizaciones sindicales, sociales y empresariales. En este sentido, Vivienda defiende que hay que salir de los "apriorismos" y apoyar todos los instrumentos que puedan ser útiles al interés general, también en el Congreso de los Diputados.
"Esperamos que el día de hoy marque un punto de inflexión y que a partir de ahora las CCAA colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda; no solo para desplegar el Plan Estatal, también para aplicar todas las medidas de la Ley de Vivienda que sirven para bajar los precios del alquiler y para frenar la especulación", señalan desde el Ministerio.
La ministra ha subrayado que ni los procesos electorales acontecidos ni su trabajo depende del calendario electoral y que el objetivo es llegar a 2027 para consolidar estas políticas.
Las comunidades del PP votan a favor
Antes de las declaraciones de la ministra, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domingo, ya avanzó a su llegada, en nombre de las autonomías de signo popular, que iban a votar a favor del reparto de los fondos, aunque expresaron su rechazo del fondo y las formas en que se les había planteado el plan. Incluso anunció que se reservan la posibilidad de presentar recursos ante el Tribunal Supremo.
La ministra ha destacado que han sido muchos meses de trabajo y diálogo para alcanzar este acuerdo, que han recibido 400 propuestas de entidades sociales, que se han celebrado casi una treintena de reuniones con las administraciones y que se han reunido con todo el sector.
Rodríguez ha recalcado que para solucionar este problema se necesita más inversión pública y ampliar el parque público de vivienda con más construcción, movilizando vivienda vacía o comprando vivienda existente para ponerla a precio asequible.
Qué recoge este plan
El pasado 21 de abril el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula este nuevo Plan Estatal con el objetivo de elevar y proteger para siempre el parque público y protegido a precios asequibles.
Este plan recoge que el 60% de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40% lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.
Del total de fondos, un 40% irán destinados a la construcción, un 30% a la rehabilitación y otro 30% a las ayudas. Entre las novedades se encuentra el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella.
También una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar casos como lo ocurrido en Alicante y que deberán hacerse con criterios objetivos medibles, transparentes y trazables, aunque el Ministerio ejercerá un doble control para dar transparencia al mercado.