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Sin acuerdo con sindicatos

La CEOE recomienda subir los salarios un 3,5% y desligarlos de la inflación

La patronal apuesta por vincular los incrementos salariales a variables e indicadores económicos "cuantificables y medibles" y no a la inflación. Su propuesta es considerada por CCOO como un "suicidio económico".

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La CEOE ha acordado recomendar a patronales y empresarios "un esfuerzo de moderación salarial", con una subida del 3,5%, y evitar vincular las subidas salariales a la inflación, además de recordar a las empresas que se puedan descolgar de los salarios pactados en convenio colectivo en situaciones adversas. Unas recomendaciones que llegan después de laruptura de las negociacionescon los sindicatos.

Según el comunicado difundido por CEOE y Cepyme, el comité ejecutivo de CEOE se ha reunido para fijar las recomendaciones para 2022 que se trasladarán a los negociadores de convenios colectivos y ha acordado que "es imprescindible que las actualizaciones salariales carezcan de efectos retroactivos".

Aunque en el documento la CEOE no ha querido fijar ninguna cifra, antes de la celebración de la reunión del Comité Ejecutivo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en declaraciones a los medios que una subida del 3,5%, la última propuesta que hizo la patronal a los sindicatos, "es prudente", pero no lo es "inflacionar los salarios", porque se generaría "más paro y menos creación de empleo".

Es un suicidio económico para nuestro país"

Unai Sordo, secretario general de CCOO

Esta propuesta que no ha gustado a los sindicatos. UGT señala que es inapropiada dada la inflación actual y que su propuesta está "muy lejos de la realidad". Mucho más contundente ha sido Unai Sordo, secretario general de CCOO, que afirma que "no es de recibo y además es un suicidio económico para nuestro país".

Creen desde el sindicato que no se debe permitir que los trabajadores pierdan poder adquisitivo después de las ayudas públicas que han recibido las empresas desde el inicio de la pandemia. "No puede ser que las organizaciones empresariales después de recibir 30.000 millones de euros, cuando suben los precios, se dediquen a imputar el incremento de costes a los precios y a congelar los salarios", ha destacado Sordo.

Fin de las negociaciones

El rechazo de la patronal al establecimiento de cláusulas de garantía salarial -por la imposibilidad de repercutir al coste del producto o servicio las subidas de salarios retroactivas- ha sido uno de los puntos insalvables en la negociación con los sindicatos que la semana pasada se cerró sin acuerdo.

Para las organizaciones empresariales es "imprescindible" tener en cuenta las circunstancias específicas de cada sector a la hora de pactar subidas salariales, en un contexto de incremento de costes que las empresas "están tratando de no trasladar a los precios". Además, considera importante recordar a las empresas "la existencia de mecanismos de inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción", previo establecimiento de un periodo de consultas.

El documento subraya que conviene tener presente que una subida significativa de los salarios podría alimentar la espiral inflacionista y suponer una "barrera de entrada al mercado laboral de las personas en desempleo" como consecuencia de la subida de los costes laborales. Por ello, la patronal apuesta por vincular los incrementos salariales a variables e indicadores económicos "cuantificables y medibles", como la productividad, el empleo, la evolución del PIB, el indicador de garantía de competitividad o los resultados de las empresas. En caso de que se decida vincular los salarios a la inflación, CEOE dice que "se deben establecer límites o topes".

De acuerdo con las recomendaciones, la creación de planes de pensiones de empleo puede aminorar el impacto de las subidas pactadas. A las empresas que trabajan para el sector público les recuerda "la imposibilidad" de repercutir el incremento de los costes laborales a la Administración, dado que la ley de contratos públicos no permite la revisión de los precios acordados.

Al respecto señala que la subida del 35,89 % del salario mínimo entre 2019 y 2022 ha obligado a las empresas a mantenerse en el cumplimiento de los contratos incluso a pérdidas "erosionando la negociación colectiva en su conjunto". Asimismo, el documento aboga por sustituir "conceptos retributivos obsoletos" por otros vinculados a la productividad y los resultados, y por "transitar hacia sistemas de retribución variable, fijados con criterios objetivos, transparentes y neutros desde una perspectiva de género".

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