A falta de su aprobación en el Congreso
Claves sobre la ley de vivienda: qué cambiará, cómo te afectará y cuáles son las dudas
A La nueva ley de la vivienda le falta el trámite parlamentario. Aparte de marcar un precio de alquiler en las zonas tensionadas, impedirá que la vivienda pública pueda venderse a fondos buitres durante 30 años, entre otras medidas.
La Ley de la Vivienda podría ser una oportunidad para recomponer el bloque de investidura tras el tenso -y hasta alocado- debate de la reforma laboral. Todos comparten, con sus matices, la necesidad de aprobar una norma que facilite la emancipación de los jóvenes. "Dota de una serie de beneficios a las personas que no están emancipadas aún o que lo están en condiciones de sobreendeudamiento", ha explicado Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España.
La ley permite limitar los precios en zonas tensionadas, pero la obligación no afectaría a todos los propietarios. "Solo a las empresas que tengan más de diez viviendas", ha señalado Pablo Martínez, miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Por ello, las asociaciones de inquilinos han pedido ampliar esta medida; al otro lado, el sector inmobiliario continúa abogando por no intervenir los precios.
"Creemos que podrían crear el efecto contrario al deseado al contraer la oferta y dificultar aún más el acceso a la vivienda", ha manifestado María Matos, portavoz de la plataforma 'Fotocasa'. Limitar el mercado será decisión de las comunidades autónomas, pero algunos presidentes regionales protestan por invasión de competencias. "Hay comunidades que dicen que no saben si la aplicarán y hay otras con su propia legislación, hay que armonizar las normas", ha destacado Montserrat Junyent, asesora jurídica de COAPI España.
La ley prevé penalizar a los propietarios de al menos cuatro viviendas que mantengan sus pisos vacíos durante dos o más años, pero también plantea beneficios fiscales para los que sí alquilen. "Este tipo de bonificaciones sí pueden ser positivas para controlar el precio de los alquileres", ha argumentado María Matos. Se establece, además, que el 50% de viviendas construidas en suelo reservado sean de protección oficial.
"En España tenemos un 2,5% de viviendas públicas. Sin embargo, en otros países de la Unión Europea la media está en un 9,3%", ha resaltado Ruiz Cebrián. Asociaciones de arrendatarios abogan para aprovechar las viviendas ya construidas en manos de la SAREB. "Antes de generar nuevos proyectos de construcción de aquí a diez años, movilizar vivienda vacía es más rápido y efectivo, y se repara el daño que han hecho algunos bancos con los desahucios", ha opinado Pablo Martínez.
Los agentes inmobiliarios piden que se defina y acredite su figura. "El consumidor no sabe quién es el agente inmobiliario, qué formación tiene ni qué garantías ofrece", ha precisado Montserrat Junyent. Se dan así propuestas de diferentes sectores en torno a esta cuestión que podrían formar parte de las negociaciones entre Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- y sus socios preferentes.
Una misión casi imposible
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