Claves de la nueva reforma fiscal aprobada: desde el impuesto a la banca hasta el tipo mínimo para multinacionales

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba eufórica una vez que el Congreso de los Diputados haya sacado adelante una reforma fiscal que Bruselas pedía a España desde hace tiempo. Una norma que, a su vez, ha hecho sudar al Gobierno de Pedro Sánchez para lograr los apoyos necesarios que finalmente han llegado de sus socios de izquierda y de derecha.

Tras jornadas frenéticas -y hasta vespertinas- la reforma se convierte en una realidad después de las negociaciones, que desde el Ejecutivo definen como "un signo de fortaleza", que entre otras cuestiones incluye que las multinacionales pagarán un 15% de sociedades, mientras que la banca verá una prórroga del impuesto hasta 2026. Estas son las claves.

Tipo mínimo global a multinacionales

Con el objetivo de luchar contra la planificación fiscal agresiva de las grandes empresas, la nueva norma cumple con una directiva de la Unión Europea que permite imponer un tipo mínimo del 15% global a las multinacionales que cuenten con una facturación superior a los 750 millones de euros. De esta manera, España se presenta como pionera a la hora de establecer un tipo mínimo para este tipo de sociedades.

Impuesto bancario

Otra de las cuestiones que ha generado polémica durante la negociación de la reforma, ha sido la creación de un nuevo impuesto bancario. Este tributo grava el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en territorio español.

Desde el Ejecutivo, explican que el tipo del impuesto tendrá un carácter progresivo con una escala en el gravamen que oscilará entre el 1% y el 7% en función de la base liquidable. Su recaudación, además, se distribuirá a las Comunidades Autónomas. Asimismo, destaacan que el gravamen temporal al que ya estaban sometidos no ha provocado efectos adversos significativos ni ha mermado las cuentas de las entidades financieras, tal y como señalaban para evitar el establecimiento de este impuesto.

De este modo, el impuesto persigue que el sector bancario, que obtiene grandes ganancias, siga contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, en línea con el principio de justicia fiscal que establece que quien más gana, más debe aportar en la recaudación tributaria.

Lucha contra el fraude de los hidrocarburos

En esta reforma, también se introducen medidas para evitar el fraude en la venta de carburantes y, por tanto, a un precio inferior al del mercado. Esta práctica conlleva un perjuicio para competidores, pero también para las arcas públicas. Con el fin de luchar contra ello se endurecen los controles, al tiempo que se refuerzan los sistemas de información y registro de facturación de los operadores.

Adecuarse a las sentencias sobre el Impuesto de Sociedades

Por otro lado, el Gobierno y sus socios consideran que no tiene sentido que las grandes empresas, a través de las deducciones, acaben pagando en Sociedades un tipo inferior al que pagan las pequeñas y grandes empresas. Entonces, con el fin de limitar estas deducciones y aproximar el tipo real que pagan las multinacionales al tipo efectivo, el Proyecto de Ley aprobado contempla evitar el impacto recaudatorio que supondría la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló un paquete de medidas tributarias en el impuesto sobre sociedades aprobado por el Gobierno del PP.

Reducción del gravamen de Sociedades para las pymes

En el entorno de pequeñas y medianas empresas, la norma también reduce el tipo de Sociedades para aquellas que cuenten con una facturación inferior a un millón de euros. De esta manera, la base imponible comprendida hasta 50.000 euros tendrá un gravamen del 17% y el resto de la base imponible tendrá un tipo del 20%. Esta reducción será gradual hasta 2027.

Aumento en el IRPF de las rentas del capital

En línea con uno de los principales argumentos de los que se ha servido el Gobierno para sacar adelante esta norma -quien más gana más tiene que aportar- se incluye un aumento de dos puntos en la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, así pasa del 28% al 30%. Esta modificación, que avanza en la progresividad del IRPF, solo afecta a las rentas más altas del capital.

De este modo, el Ejecutivo considera que esta medida ayudará a reducir la brecha con las rentas de trabajo. De hecho, subrayan que estas últimas son mucho más numerosas y que afectan a la mayoría de la clase media y trabajadora. Asimismo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recordado que ya aprobó una rebaja de este impuesto para las rentas bajas de hasta 21.000 euros, lo cual aseguran ha permitido un ahorro a las familias superior a 1.300 millones.

Nuevo impuesto sobre los cigarrillos electrónicos y aumento del impuesto al tabaco

Otro de los puntos de esta norma afecta al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García desde donde la que fuera líder de Más Madrid ya ha presentado un Plan Antitabaco. Se trata de la creación de un impuesto sobre los cigarrillos electrónicos, cuyo mayor uso entre los jóvenes preocupa especialmente al Ejecutivo. De hecho, se trata de un impuesto no recaudatorio que queda al servicio de la política sanitaria con el fin de reducir el consumo del tabaco y de los cigarrillos electrónicos.

Impulsar la aplicación del IVA a los pisos turísticos

La problemática de la vivienda en España también se ha trasladado a esta reforma fiscal. Esta ley insta al Gobierno a impulsar la modificación de la Directiva armonizada del IVA para poder gravar este impuesto sobre el consumo a los arrendamientos turísticos en zonas donde estos alojamientos dificultan el acceso a una vivienda de sus residentes.

Todo este conjunto de medidas se encuentran alineado con la política fiscal internacional, ya que traspone una directiva europea sobre el pilar número dos del programa 'Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (EBTB)' -BEPS por sus siglas en inglés- de la OCDE que permite imponer un tipo mínimo global del 15% a las multinacionales. Al cumplir estas iniciativas con el Plan Fiscal enviado a la Comisión Europea y con la reforma fiscal comprometida en el Plan de Recuperación, España podrá recibir 7.200 millones de euros de fondos europeos.