El Consejo de Europa alerta de una grave crisis estructural de la vivienda en España

España sufre "una crisis de la vivienda larga y estructural de graves proporciones", ha alertado el Consejo de Europa, que constata que hay "una necesidad urgente" de más vivienda social y accesible.

La falta de vivienda socialse ha agravado con la decisión de algunos gobiernos de permitir que fondos de inversión compraran viviendas, derivando en la subida de los alquileres, señala el informe de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, tras la visita que realizó a España el pasado noviembre.

Además, la subida de precios de la vivienda en propiedad "supera con mucho" al incremento del poder adquisitivo, añade Mijatovic en el documento, en el que subraya la "preocupante" escasez de vivienda social debido a años de débil inversión pública.

Reconoce que este problema está "parcialmente atendido" por el Plan de Recuperación del Gobierno de 2021 y por el Plan Nacional de Acción de Acceso a la Vivienda 20222-2025. A ese respecto, considera que si los dos "se aplican adecuadamente" podrían ofrecer una orientación hacia la creación de una oferta de vivienda social y accesible.

El informe del Consejo de Europa se elaboró antes de la aprobación a finales de abril en el Congreso de los Diputados de laLey por el Derecho a la Vivienda, y por eso la comisaria considera "importante" ahora su adopción "lo antes posible".

Una vez que la medida esté en marcha, Mijatovic pide que las autoridades "a todos los niveles", incluyendo los gobiernos autonómicos y municipales, acompañen el proceso tratando de forma integral "los problemas estructurales a largo plazo" de la vivienda.

Sobre los desahucios, hace notar que ha habido más de medio millón en todo el país desde 2013, de ellos 38.267 en 2022, aunque reconoce que el Gobierno extendió la suspensión de los que afectaban a personas vulnerables.

Pide que esa suspensión temporal se extienda hasta que se encuentre una solución integral a la cuestión de la vivienda para las personas más necesitadas. La comisaria acoge de forma favorable que el Plan de Acceso a la Vivienda 2022-2025 prevé más financiación y una asistencia especial para personas vulnerables, como las han sufrido desahucios, no tienen vivienda o han víctimas de violencia machista, que están incluidas también en la ley recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados.

Por lo que se refiere al problema de las infraviviendas, muestra en particular su "preocupación especial" por la situación de parte de la Cañada Real de Madrid, donde el corte del suministro de electricidad afecta a unas 4.500 personas, de ellas unos 1.800 menores.

Explica que el Gobierno español ha destacado la "complejidad" de la situación en ese enclave, debido a que hay varios actores implicados, entre ellos el Gobierno autónomo de Madrid y una compañía energética privada, y precisa que hay conversaciones en marcha para intentar solucionar esa "situación apremiante".

En sus comentarios al informe, el Gobierno español señala que el pasado 27 de abril el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley de la Vivienda, que está actualmente siendo examinada en el Senado. Esa ley incluye, entre otras medidas, un límite al aumento de los alquileres, más protección contra los desahucios y un incremento de la oferta de vivienda social.

El Ejecutivo considera también que la comisaria no ha tenido en cuenta varias enmiendas incluidas desde 2018 en la Ley de Procedimiento Administrativo para atender los casos de desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.