Consumo insiste en la intervención urgente del mercado y alerta: la renta de los caseros ya supera en un 82% la de los inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha advertido este martes de la brecha patrimonial de unos 23.638 euros entre los caseros y los inquilinos, que cuentan con una renta mediana de 28.810 euros frente a los 52.449 euros de los arrendadores, con una renta un 82 % superior.

Esta es la principal conclusión de un informe que trabaja el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, miembro de Sumar, que ya anunció su rechazo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar fiscalmente el 100 % del IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler en 2026. Esta bonificación fiscal compensará lo que ganarían los arrendadores si aumentaran ese alquiler en los 632.369 contratos que se deben renovar este 2026, que afectan a unos 1,6 millones de personas, explicó ayer Sánchez.

No obstante, fuentes de Sumar destacan la desigualdad existente entre inquilino y casero, según este informe, para reprobar una ayuda de la que se beneficiarían los arrendadores.

Según este avance del informe, que parte de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 y del Panel de Hogares, Consumo asegura que en la Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-la Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias la renta de los caseros es ya el doble que la de los inquilinos.

Asimismo, subraya que de renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros.

El informe excluye los datos de País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral, así como los relativos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80 % de su población.

Sumar rechazó ayer esta propuesta de incentivos fiscales planteada en forma de real decreto-ley por tratarse, a su juicio, de una medida ineficaz para atajar el problema de la vivienda e injusta ante la diferencia de renta entre inquilinos y propietarios.

Del mismo modo, fuentes de Sumar recalcan que los datos muestran la necesidad de una intervención urgente del mercado de la vivienda y del alquiler que garantice el derecho a la vivienda de las personas inquilinas "y no una medida opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no".

El Gobierno, dispuesto a negociar con sus socios

Fuentes del Gobierno detallan a laSexta que están dispuestos a negociar con sus socios sobre las medidas de vivienda. Explican además que no se puede hacer una prórroga automática de los alquileres porque no estamos ante una situación excepcional como la pandemia. Y añaden también que esa decisión de intervenir directamente podría ser tumbada en los tribunales.

Pese al debate, están convencidos de que Sumar y los grupos de izquierda van a aprobar la medida. "A Sumar le puede parecer insuficiente pero eso no es motivo para votar en contra", señalan. Y creen que Sumar reacciona así por la presión de Podemos y porque creen que solo ellos llevan la bandera electoral de la vivienda.

Además, recuerdan que el Ministerio de Vivienda está en manos del PSOE y que, por tanto, esas medidas no tienen que pactarlas previamente con ellos. Aún así reiteran que negociarán con los socios.

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