SECTORES DE CONSUMO EN EL PUNTO DE MIRA
El consumo colaborativo pone en pie de guerra a taxistas, inmobiliarias y hosteleros
Tras las protestas de los taxistas contra Uber por competencia desleal, otros sectores de consumo colaborativo también están en el punto de mira. Una plataforma de alquiler de pisos particulares, acaba de ser multada con 30.000 euros por la Generalitat de Catalunya por no estar registrada legalmente. En Madrid los hosteleros denuncian que el 80% de estos apartamentos están dentro de la economía sumergida.
Los taxistas de todo el país están en pie de guerra contra Uber porque aseguran que “donde han entrado estas plataformas ilegales, el taxi ha desaparecido”. Esta aplicación pone en contacto a particulares con dueños de vehículos privados. Es uno de los nuevos modelos con los que los negocios tradicionales se sienten amenazados.
BlablaCar permite ahorrar en viajes en coche. “La gasolina la pagamos entre todos los viajeros”, afirma un usuario. Sin embargo, en breve la aplicación quiere empezar a cobrar comisión.
En el sector inmobiliario, Rosa María lleva tres años alquilando un par de habitaciones de su casa. “Es una manera de salir adelante porque con la pensión que tengo no se llega a fin de mes”, cuenta. Rosa declara esos ingresos, sin embargo, Antonio Gil, presidente de la Federación Hotelera de Madrid, asegura que “entre el 80% y el 90% de estos apartamentos está dentro de la economía sumergida”.
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Además, la Generalitat de Cataluña ha multado a Airbnb con 30.000 euros por presuntamente comercializar pisos turísticos ilegales y ahora la Comunidad de Madrid les exigirá una estancia mínima de cinco días. Los problemas derivan de la ausencia de un marco legal concreto para este nuevo sector. Esta nueva realidad llega incluso a las cocinas.
Por riesgos "insalvables"
El Gobierno veta la OPA del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo por motivos de "seguridad nacional"
El Ejecutiva ha alegado riesgos "insalvables" para la protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España. La OPA presentada ofrecía cinco euros por acción, es decir, un total de 620 millones de euros.