¿Cuándo entra en vigor la reforma de las pensiones? ¿A quién afectará?

El Consejo de Ministros da luz verde a la reforma de las pensiones, tras el acuerdo alcanzado entre Gobierno y agentes sociales. De este modo, el Ejecutivo ha saltado el primer bache con el que aplicar la modificación, que prevé importantes cambios para los pensionistas: desde la revalorización de las ayudas conforme al IPC hasta el aumento de incentivos para quien decida, de forma voluntaria, seguir en activo.

Ahora bien, hecho esto... ¿cuándo entra en vigor? El procedimiento a seguir todavía arroja cierta complejidad. Tras su aprobación hoy en el Consejo de Ministros para su previsible aprobación, llegará al Congreso de los Diputados. De cumplirse todos los cauces, según indican desde el Ministerio de Seguridad Social, la fecha ya está agendada: a principios de 2022 la medida ya entraría en vigor.

¿Cuál es el objetivo de la reforma?

La idea es acercar la edad real de jubilación (64,6 años) a la legal (66 años), de tal forma que el sistema pueda ser más sostenible. En este sentido, destacan algunas medidas, que se apoyan tanto en incentivos como penalizaciones para los futuros pensionistas:

- Se cambian las penalizaciones para los que se jubilen antes. Se busca sobre todo evitar las salidas anticipadas, aumentando las penalizaciones de los que quieran retirarse 24 o 23 meses antes de la edad legal. Así, por ejemplo, aquellos que decidan retirarse 24 meses antes el recorte en la pensión será de hasta el 21 por ciento.

- Se quiere potenciar que los que quieran puedan retrasar su jubilación. Para conseguirlo, se dará un cheque de bonificación por cada año extra. En el caso de los que hayan cotizado más de 44 años y medio, se les dará un cheque de hasta 12.060 euros. También, desde el Ejecutivo, han ideado otra opción: aplicar un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora. Es decir, por cada año que se trabaje por encima de tu edad de jubilación, el Estado dará un dinero extra anua.

- Limitar las jubilaciones forzosas en los convenios de empresa (en los que la compañía puede obligar al trabajador a jubilarse). Así, con este cambio se prohíbe que se hagan antes de que el empleado cumpla los 68 años.

Otra de las claves: el IPC

Este es uno de los cambios que el Ministerio lleva trabajando más tiempo. Con esta nueva propuesta, las pensiones se revalorizarán conforme al IPC (Índice de Precios de Consumo), de tal forma que el cambio en los precios no afecte al poder adquisitivo de los pensionistas.

Ahora bien, otra novedad importante es que si, por alguna razón, los precios bajan (algo poco común, ya que tienden a subir), los pensionistas no verían alterada su pensión. Es decir, si baja el coste de la vida, esto no afectará al importe de la pensión.

En cambio, esta diferencia sí sería compensada en los años siguientes, pero solo cuando el IPC vuelva a subir a lo largo de los tres años posteriores y, en el caso de los que tengan una pensión mínima (con menos ingresos), no se verían afectados por esta compensación. Una medida que serviría "para que no haya sesgo de ganar poder adquisitivo", según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Eliminación del factor de sostenibilidad

Se elimina el factor de sostenibilidad (ya suspendida hasta 2023) que reducía la pensión conforme a nuestra esperanza de vida. Se ha establecido el día 15 de noviembre como plazo para decidir un sustituto, algún mecanismo de equidad intergeneracional que entraría en vigor en 2027. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno regulará a su criterio el citado mecanismo para que quede definido en la nueva ley.

Decididos estos cambios, todavía hay una serie de obstáculos que la reforma debe superar. Entre ellos, el debate sobre elevar las bases máximas de cotización, cambios en los periodos de cómputo para determinar la cuantía de la pensión, la homologación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con las de las casadas o el nuevo sistema de cotización de autónomos.

Junto con eso, esta reforma se aplicará sobre todas aquellas personas que no estén afectadas por acuerdos o pactos sociales previos. En cualquier caso, los primeros avances, ya mencionados, deberían ser ya una realidad en 2022.