El juez que frenó la sentencia sobre los impuestos hipotecarios fue profesor en una escuela de la banca española

El Gobierno sigue desconcertado por la decisión del magistrado Luis María Díez Picazo que ha frenado la sentencia del Supremo sobre los impuestos hipotecarios. "Es algo insólito. La decisión puede romper la imagen de seguridad jurídica", ha considerado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones concedidas a 'Antena 3 Noticias'.

Se ha podido conocido que el juez compaginó varios años su cargo en el Supremo con un puesto como profesor. Lo que ha levantado suspicacias es que ejerció en el Centro Universitario de Estudios Financieros 'CUNEF', escuela que guarda estrecha relación con la Asociación Española de la Banca porque es propietaria del centro.

El Consejo General del Poder Judicial ha confirmado que el magistrado contaba con la autorización de compatibilidad, pero Unidos Podemos exige su dimisión. "Es un verdadero escándalo que el magistrado que ha paralizado la sentencia fuera profesor de un centro propiedad de la banca", ha cargado Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem.

Ciudadanos pide celeridad al Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre la sentencia paralizada. "Eso genera inseguridad jurídica, hay millones de españoles esperando, y todos esos sueños están truncados por una mala decisión del Supremo", ha lamentado Albert Rivera, presidente de la formación naranja. Precisamente, las plataformas de afectados por la hipoteca han convocado una manifestación a las puertas del Supremo.

"Está tan preocupado de las repercusiones económico-sociales, pero los ciudadanos se están viendo todos los días afectados", ha defendido Mercedes Revuelta, miembro de la PLataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en declaraciones a Al Rojo Vivo. También han presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado pidiendo que se ponga de parte de la ciudadanía.

"Pedimos que la Fiscalía se persone en los procedimientos sobre ese impuesto", ha reclamado Paco Marote, también miembro de la PAH. Los afectados seguirán pendientes del Tribunal Supremo; al menos, hasta que el organismo dicte sentencia sobre esta causa, prevista para el 5 de noviembre.