David volverá a ganar a Goliat
Esperanza en los movimientos por la vivienda ante el fallo judicial que permite recuperar casas de fondos buitre
El contexto El Tribunal Supremo ha dado la razón a cuatro vecinos y podrán recuperar las viviendas que el Consistorio madrileño vendió a Fidere por el mismo precio.
Tras más de una década de lucha llega ahora el mejor regalo de Navidad para los cuatro vecinos que perdieron sus viviendas públicas porque el Ayuntamiento de Madrid se las vendió al fondo buitre Fidere, propiedad de Blackstone. Ahora podrán recuperarlas al mismo precio que las adquirió el fondo, después de que el Tribunal Supremo haya sentenciado que eran ellos quienes tenían el derecho a comprar primero.
Una lucha de David contra Goliat que abre la puerta para las próximas denuncias previstas, pero que también "supone una enorme satisfacción de que se haga justicia", ha señalado a laSexta el abogado José Mariano Benítez de Lugo. Satisfacción que llega con una sentencia del alto tribunal en el que da la razón a los vecinos que vieron como sus viviendas, del Ayuntamiento, terminaron en manos del fondo buitre Fidere.
Los cuatro denunciaron que no lesofrecieron la posibilidad de comprar primero, tal y como contemplaba originalmente la ley y que se conoce como derecho de retracto. En este punto, "la única opción que le queda" al fondo, propiedad de Blackstone "es decir: vamos a hacer la escritura de compra-venta a su favor", explica Benítez de Lugo.
A pesar de que ahora el fondo tenga esas casas a la venta a otro precio, la sentencia del Tribunal Supremo afirma que los vecinos podrán comprar esas viviendas por el mismo dinero que las compró Fidere. En esa línea, Benítez de Lugo recuerda que "han anunciado su venta en 500.000 euros cuando ellos la compraron en 60.000 o 70.000 euros".
En el pronunciamiento solo se contemplan cuatro casos, pero este letrado representa a centenar de vecinos para los que también se vislumbra esperanza, aunque con prudencia. Por un lado, Benítez de Lugo asegura que entiende que el Supremo tendrá que mantener el criterio, mientras que por otro, Elsa Riquelme del Movimiento de Vivienda Carabanchel advierte que "la primera parte la han ganado", pero "tienen que continuar".
Una de las inquilinas afectadas es Carmen, quien señala haber "pasado mucho": "Mucha presión, mucho agobio, mucho miedo". De hecho, recuerda que "la mayoría de las personas" que entraron en esas viviendas son "gente normal, gente trabajadora". Una situación que llevó a ella y a su marido a terminar yéndose de su casa, puesto que no podían aguantar la presión que suponía que el precio de su alquiler no parase de subir.
Ahora son ellos quienes esperan un nuevo fallo del Tribunal Supremo. Carmen asegura confiar "en la justicia" y en recuperar "un derecho" que dice que es suyo. Por su parte, fuentes de Fidere a laSexta han insistido en que son solo cuatro viviendas, a lo que añaden que van a continuar con las acciones legales, porque aún les queda recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Historia de un pelotazo
Año 2013. El Ayuntamiento de Madrid vende al fondo buitre Fidere hasta 1.860 viviendas de protección pública. Ya entonces el PSOE criticaba que esta operación suponía que con lo que contribuían "todos los madrileños para política social se pasa a un fondo buitre para que haga caja". A partir de ahí y durante varios años, los inquilinos afectados se movilizaban cada mes, tal y como se puede observar en las imágenes sobre estas líneas.
Y es al poco tiempo, varios de ellos empezaron a recibir cartas pidiendo que abandonaran su casa. "Pregúnteselo a los señores de los fondos. No me quieren renovar, no me han dado opción. No lo entiendo", lamentaba una de las afectadas cuestionado por la razón por la que le pedían salir de su vivienda.
Aunque Ana Botella, alcaldesa de entonces, insistía en que nada iba a cambiar para ellos, excepto que habían "cambiado las condiciones, nada más", en la práctica no fue así. Las condiciones impuestas por el fondo Fidere y las subidas del alquiler hicieron que muchos se vieran obligados a marcharse.
Tras años de batalla legal, en el 2018 el Tribunal de Cuentas cocluía que el precio de venta fue inferior al mínimo exigible, por lo que el Ayuntamiento malvendió esas casi 2.000 viviendas. Se vendieron por una media de entre 60.000 y 65.000 euros, "cuando el valor de mercado o de subasta era superior".