Los funcionarios volverán a cobrar el 100% de la nómina cuando se cojan una baja médica

En su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, para exponer las líneas generales de su departamento, ha explicado que se trata de eliminar los descuentos en la retribución de los primeros 20 días que se introdujeron en 2012.

Según ha informado, el próximo 16 de julio, cuando se produzca su primer encuentro con las organizaciones sindicales espera poder hacerles ya entrega de un documento "consensuado" en este sentido, ya que ha dado orden de convocar de inmediato a los representantes de los trabajadores para negociar el correspondiente acuerdo para esta reforma que ve "de justicia".

La medida fue introducida en 2012 junto con otros recortes en el sector público -como la eliminación de la paga extra de diciembre de aquel año- y supuso aplicar un descuento del 50 % del salario durante los tres primeros días de baja por enfermedad y del 25% entre el cuarto y el vigésimo día. El anterior Gobierno ya había asumido el compromiso de eliminar esta penalización en el II Acuerdo para la mejora del empleo público, que los sindicatos del sector público firmaron el pasado 9 de marzo con el Ministerio de Hacienda, si bien todavía no se había ejecutado.

Batet ha incidido en que una vez publicado hoy en el BOE los Presupuestos Generales del Estado de 2018 es de "justicia" restablecer esta medida y ha dicho que no ha querido "esperar un día más" para que el director general de la Función Pública convoque con carácter inmediato a los representantes de los trabajadores con el fin de iniciar las negociaciones.

La ministra también ha señalado que para su departamento es prioritaria la convocatoria de la Oferta de Empleo Público para 2018 en julio y ha asegurado que se va a dar "un gran paso" para atraer talento y rejuvenecer las plantillas de las administraciones en servicios esenciales como la Educación, la Sanidad, el Apoyo a la Dependencia y la Seguridad Pública.

Asimismo ha destacado los acuerdos alcanzado por el Gobierno del PP con los interlocutores sociales de la Función Pública que ha considerado como "un buen punto de partida" y un "buen programa de trabajo" para atender las necesidades laborales y salariales de este colectivo que ha hecho un "esfuerzo" durante la crisis económica.

Batet ha puntualizado que el compromiso del Ejecutivo socialista será mejorar de forma estable las retribuciones de los empleados públicos y reducir la interinidad para que en 2020 la tasa de empleo público temporal sea del 8%.

Ha señalado que los contenidos que no hacen referencia a aspectos retributivos sino que están vinculados a las carreras profesionales de los funcionarios, a los planes de igualdad, a la conciliación o al horario, comenzarán a debatirse de inmediato en el ámbito del diálogo social.

"El horizonte de trabajo del ministerio no es solo la presente legislatura ya que hay retos y trabajos que deberán concretar futuros Gobiernos", ha dicho Batet al tiempo que ha anunciado que habrá dos comisiones especializadas para adecuar el modelo de acceso a la función pública y para concretar nuevas medidas de funcionamiento interno en las administraciones.

Batet ha pedido al exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla que asuma la dirección de una comisión de trabajo que impulse reformas para la modernización de las administraciones. Esta comisión estaría compuesta por expertos académicos y de las administraciones públicas así como por representantes de los sindicatos y de colectivos de ciudadanos.

Batet ha instado a que en diciembre estén cerrados los trabajos de análisis con el fin de que en enero sean evaluados por el Gobierno y puedan empezar a aprobarse nuevas medidas. Ha insistido en la importancia de que se sigan reduciendo las cargas administrativas y ha dicho que el nuevo plan será aprobado en el tercer trimestre de este año.

También ha abogado por la transparencia, el control y la rendición de cuentas dentro de la administración así como por impulsar la digitalización y el uso compartido de datos, con el fin de llegar a una "administración sin papel".